¿Quién gobierna en Colombia?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

No es posible que pasemos por alto el incidente de la orden presidencial de retirar el proyecto de baldíos por exigencia de las Farc. El enorme poder paralelo que opera desde La Habana es inaudito, intolerable. De buena fuente sabemos que bastó una amenaza de los narcoterroristas de levantarse de la mesa para que Sergio Jaramillo, negociador del Gobierno, diera el campanazo al Presidente Santos en pleno discurso reeleccionista. ¿Qué está pasando? ¿Acaso las Farc cogobiernan y dictan desde ahora las políticas rurales, con la anuencia del Gobierno? ¿Puede esta sociedad seguir indiferente a una realidad insoslayable, que busca perpetuar la opresión de las Farc sobre el campo colombiano?

Es hora de saber ¿quién nos gobierna? ¿Cuáles son los compromisos secretos adquiridos por el Presidente Santos en La Habana, que determinan su consentimiento a cuantas imposiciones plantean las Farc? ¿Si esto ocurre ahora, que el Gobierno poco le debe a las Farc, qué pasará en el hipotético caso de su reelección con el respaldo fariano –tras supuestos avances en las negociaciones– y el peligroso chantaje de la confidencialidad? Ni siquiera hubo contemplaciones para exponer al escrutinio público a los Ministros, Rubén Darío Lizarralde y Aurelio Iragorri, tras el sorpresivo trino del mandatario que dejó sin piso el proyecto de baldíos.

Como todo proyecto gubernamental, venía siendo concertado con Palacio y, en consecuencia, su contenido no le era desconocido. Existía la orden presidencial y la aprobación del Consejo de Ministros para radicarlo ante la Cámara de Representantes –mal haría el MinAgricultura en actuar de manera inconsulta, lo cual está descartado–. Más aún, según trascendió de boca del Ministro Lizarralde, en Junta Directiva de la SAC, la norma tenía “carácter reservado”, para evitar filtraciones que afectaran las decisiones que el Gobierno plantearía al Congreso en esta materia. Entonces ¿cómo explicar que a menos de 24 horas de dar la instrucción para presentarlo, el Presidente se retractara y luego se programara una reunión entre el Ministro Lizarralde y los negociadores del gobierno en Cuba?

Pero existen otras circunstancias que refuerzan el argumento de la interferencia de las Farc y descartan una "ligereza” de la cartera de Agricultura. El Gobierno no ignoraba el interés del país rural en un tema tan crítico como el de baldíos, vital para el desarrollo de la Altillanura. Una apuesta con inversiones por más de $10.000 millones de dólares, hoy en el completo limbo. Pero además, no podía obviar los cuestionamientos de la oposición y la presión de los empresarios, a propósito de la inestabilidad jurídica. Razones que lo obligaban a ser extremadamente cuidadoso en el diseño de la política. De hecho, la sensibilidad del tema había quedado demostrada con la renuncia del Embajador en Washington, Carlos Urrutia –muy cercano al Presidente– y del Ministro Francisco Estupiñán. Aunque faltó poco para que Lizarralde, también pagara el costo político de la gravísima rendición del Gobierno a las Farc.

 

Estos hechos –que no son los más inquietantes de las recientes contradicciones del Presidente– obligan a una aclaración. Tenemos derecho a saber quién está detrás del reacomodo del proyecto de baldíos o incluso del atentado contra el expresidente Uribe. Si esta administración rinde cuentas a los terroristas en La Habana y si existe una agenda de Gobierno, oculta e ilegítima concertada con los farianos, los colombianos debemos saberlo, con miras a las preferencias que elegiremos en mayo próximo. Lo más doloroso es que hayamos tenido que llegar a estas vicisitudes para que la opinión comprendiera, con evidencias, las razones por las cuales Fedegán no comulgaba ni comulga con la idea de negociar la suerte del país rural, con quienes hicieron inviable su desarrollo durante 50 años.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán

FEDEGAN RECHAZA DECLARACIONES DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ

La extinción de dominio es para delincuentes, no para quienes han adquirido legalmente sus tierras: Lafaurie

En carta al Jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie, rechazó las declaraciones del Alto Comisionado para la paz, Sergio Jaramillo,  según las cuales el Gobierno  estaría comprometido con las Farc con “…una reforma agraria profunda, que incluiría la extinción de dominio de tierras cercanas a zonas urbanas”.

En la comunicación, Lafaurie reitera que “Con verticalidad nos hemos manifestado en contra de la extinción de dominio, porque es una figura aplicable a los delincuentes que se han robado las tierras o las han adquirido con dineros ilícitos. Por ello, hoy no solo rechazamos las declaraciones del Alto Comisionado, sino que solicitamos de usted, como vocero oficial del equipo negociador, una aclaración sobre tales compromisos”.

El presidente de FEDEGAN se preguntó si el Alto Comisionado entiende la diferencia entre extinción de dominio y expropiación por vía administrativa, aclarando que con esta última “tampoco estamos de acuerdo cuando se trate de predios debidamente explotados, sobre todo cuando el Gobierno posee innumerables baldíos, hoy apetecidos por la gran agroindustria, y cuando el Gobierno y la Justicia han sido ineficientes en la extinción de dominio a delincuentes, y también en la administración de los bienes incautados, escandalosamente permeada por la corrupción”.

Refiriéndose a su carta a Humberto De la Calle, Lafaurie añadió que “Si todavía tenemos pendientes las famosas salvedades al primer punto, que incluyen el llamado latifundio, la producción empresarial y, precisamente, los mecanismos de adquisición para el Fondo de Tierras, no resulta consistente que el Alto Comisionado anuncie compromisos que incluyen la extinción de dominio para realizar una “reforma agraria profunda” que también suena a amenaza de expropiación”.

El dirigente ganadero le recordó a De la Calle que, en reunión con el pleno de la Junta Directiva de FEDEGAN, “nos reiteró que las negociaciones con las Farc no vulnerarían nunca los derechos de quienes han adquirido legamente sus tierras”. Por tal motivo, frente a la incertidumbre creada, Lafaurie concluyó su carta manifestando que tales declaraciones “…ameritan una rectificación del doctor Jaramillo y un pronunciamiento de su parte, como jefe de equipo negociador del Gobierno.

El discurso reeleccionista

Por: José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

Engañoso. Es la categoría acertada para definir el precario balance del “candidato- presidente”. Mal comienzo, porque en la “calle” están claras las decisiones de política pública que fueron aplazadas, erradas o quedaron inconclusas en este inacabado cuatrienio. Claro, una vez en el partidor por un nuevo mandato, todo vale. Desde encumbrar los escasos avances del proceso de paz y usar este anhelo para ganar réditos políticos, hasta obviar la crisis rural e industrial y los cotidianos problemas de inseguridad e inconformismo en todas las regiones. O, incluso, ignorar el peligroso vecindario latinoamericano, de regímenes extremistas y antidemocráticos. Todo, al parecer, a espaldas de un Presidente que gobierna con un centralismo asfixiante.

En materia de Política Exterior la cosa es peor. Nos convertimos en observadores de la reconfiguración geopolítica y la penetración militar de China, Rusia e Irán en Latinoamérica. Así, el “candidato-presidente” omitió decir que su administración ha permanecido imperturbable ante el recalentamiento belicista en la región, al amparo de una izquierda radical bien articulada en el continente. Preocupa su falta de contundencia para pedir explicaciones por el sobrevuelo ilegal de aviones de guerra rusos en la ruta Nicaragua-Venezuela o sobre las armas cubanas fletadas en un buque norcoreano con destino a la frontera ecuatoriana. Para no ahondar en la vergonzosa “diplomacia sumisa” con el régimen bolivariano, que oculta sus vínculos con narcoterroristas. Y, ahora, con el gobierno de Ortega, al punto de dejar en el limbo el lesivo fallo de la Corte de la Haya en el diferendo limítrofe.

Claro, no fueron las únicas omisiones. En el frente socio-económico el “candidato-presidente” eludió los malestares que propiciaron los paros en el sector rural, que de hecho no están conjurados. Así como sus promesas de campaña sobre esquemas de salud y educación que no llegaron. La “prosperidad para todos” fue un privilegio de algunos pudientes sectores urbanos orientados a la especulación. Hoy la producción industrial cae aparatosamente y el sector agropecuario respira incertidumbre, con más de 47% de sus habitantes en condición de pobreza. El desempleo, la mayor preocupación de los ciudadanos de a pie, se oculta en las cifras de formalización más que en la creación real de puestos. La falta de gestión frente a los TLC, el desestímulo a la inversión, el precario manejo de la ola invernal y la deficiente ejecución presupuestal, son otras perlas de la falta de gerencia y buen gobierno. 

Pero, como quien barre la basura bajo el tapete, el Gobierno prefirió elogiar el tema más rentable políticamente, que marcará la carrera por la Casa de Nariño: la paz. Aunque intentó vender la idea sobre los “avances” en los dos primeros puntos de la agenda, él sabe que la verdad es otra. No hay acuerdos, sólo documentos inacabados y ambiguos. Es más, lo que resta por negociar pone al Gobierno y a los narcoterroristas, frente a las obligaciones de los tratados internacionales y ante encrucijadas jurídicas y éticas, de las que dependerán los tiempos y la paciencia de los colombianos.

En el estrecho timing político hasta mayo de 2014, los colombianos no le perdonarán al “candidato-presidente”, ser rehén de La Habana para enfrentar las urnas. Una realidad que llevó al país a perder el rumbo de la seguridad y a fallas institucionales que hicieron inoperantes tantas y tan urgentes decisiones del gobierno. En el semestre que resta para las elecciones, tendrá que gobernar Señor Presidente, para los colombianos y no para los acuerdos con la guerrilla. Con una premisa: la “mermelada” no será suficiente acicate para aceitar la burocracia y las maquinarias electorales. Tendrá que cambiar la percepción de la opinión sobre su falta para honrar las promesas de campañas, cuya máxima demostración es la misma negociación con las Farc.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

Paliativos para un delito mayor

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Abruma el incremento exponencial del robo de ganado en el país. Pero lo más grave, es que a nadie parece importar las dinámicas que este delito está generando en región. Más allá de las estadísticas –que acusan un elevado sub-registro– cobran vida esquemas de macro-criminalidad, fuera de todo control. Son redes que involucran un número creciente de individuos, cuyos delitos inician en el abigeo y pasan por el transporte y sacrificio clandestino y el comercio ilegal de carne y ganado en pie. Un negocio redondo que mal contado asciende a $1 billón al año. Con un atenuante: la desarticulación de las bandas, contrasta con las decisiones de los jueces para liberar a los detenidos, en un círculo perverso que deja a los denunciantes expuestos a la extorsión, el secuestro o el asesinato.

El flagelo ha sido subestimado, despreciado por el Gobierno y las entidades oficiales, responsables de corregir el rumbo equivocado de las políticas públicas para hacerle frente. Los paños de agua tibia muy coyunturales, siempre recaen en la Policía Nacional, cuyos esfuerzos chocan con la lectura amañada del Código Penal. Una norma que pese haber sido modificada –por mediación de Fedegán– para endurecer las condenas y eliminar los beneficios de excarcelación o la suspensión de penas, no ha servido de mucho. Siento que las fallas institucionales son tan protuberantes, que han hecho inoperante el régimen punitivo y la acción policiva a lo largo de la cadena delictiva que, incluso, involucra a quienes ocultan o encubren a los malhechores.

El lastre de este flagelo golpea la rentabilidad de los productores con pérdidas millonarias e irrecuperables en la mayoría de los casos. En otras palabras, las menguadas ganancias de los ganaderos de Santander, Cesar, Sucre, Atlántico, Huila, Córdoba, Casanare o Caquetá –en donde el abigeo es cotidiano– se están quedando en los bolsillos del hampa organizada. Pero, de contera, sus efectos están generando un problema de salud pública, ante la ausencia de un sistema de vigilancia epidemiológico eficiente. No es un secreto que en muchos municipios se consume carne de animales robados y sacrificados en “potreros” o planchones, prácticas que no necesariamente ocurren en la manigua, sino a pocos minutos de cabeceras y carreteras principales del país.

Pregunto ¿A quién acudimos para que nuestras demandas legítimas sean escuchadas por los canales democráticos y legales? No es posible que un sistema como las Guías de movilización de ganado –que Fedegán operó hasta hace poco de manera sistematizada y en tiempo real– haya dado un salto al pasado bajo la responsabilidad del ICA. Ahora rige un trámite manual, que habilita irregularidades incluido el fraude, como Fedegán pudo comprobarlo. Más aún ¿Cuándo tendremos una política de control a la informalidad, definida en el Decreto 1500 cuya vigencia ha sido aplazada por este Gobierno? Son transacciones fraudulentas de cerca de $4 billones, de los cuales al menos ¼ está asociado al crimen organizado del abigeato que nadie controla. ¿Cuándo tendremos un esquema de trazabilidad para identificar el ganado o un sistema zoosanitario que ponga fin al sacrificio clandestino de bovinos y la compra-venta ilegal de animales?

La dramática magnitud del abigeo, sumado a la connivencia entre la delincuencia común y el crimen organizado, el reciente interés de las guerrillas como alternativa de financiación y los delitos asociados a este flagelo, claman respuestas. Es un asunto de seguridad pública y ciudadana y de salud, que requiere medidas urgentes más allá de corregir fallas en la prestación del servicio público de la protección a la vida, honra y bienes de los habitantes rurales. En su resolución deben converger Fiscalía, autoridades territoriales, la institucionalidad sanitaria y los Ministerios de Agricultura, Defensa y Salud, entre otros. No es un problema de ganaderos y claramente sobrepasó la responsabilidad policiva.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

¿Democracia y política sin armas?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El acuerdo político en La Habana pasó con más pena, que la gloria que le endosó el Gobierno. Salvo un par de expresiones inconclusas, que condensan los deseos más peligrosos de las Farc, lo demás cae en la obviedad. No necesitábamos negociar con narcoterroristas los males del régimen –siendo ellos los principales responsables materiales–. En cambio, fueron protuberantes los temas que evadieron. Desde cómo acreditar criminales de guerra para “hacer política”, hasta la forma de materializar el ejercicio de la política en zonas de conflicto, sin “la intimidación y la violencia” de las Farc. Más aún, cómo digerir sus inconsecuentes demandas de robustecer la democracia sabiendo que la han envilecido durante 50 años y de mantener el statu quo de terror donde son amos y señores. ¿Quién nos explica?

Ningún demócrata se negaría a abrir el régimen a una mayor participación política y ciudadana u optimizar las garantías de los derechos constitucionales que ello implica. Como tampoco a modernizar el Código Electoral que data de 1986 o abocar una reforma política –la cuarta desde 2003– para ajustar la dinámica interna de los partidos, los umbrales o la vinculación de actores o recursos ilegales en las campañas. Pero esas reformas o el cumplimiento de la Constitución –que incluso contempla el verdadero Estatuto de la Oposición– están detenidas, a la espera de las órdenes de Cuba. Curioso que se cierren los escenarios a quienes obran desde la legitimidad del Estado Democrático de Derecho, pero se abran para quienes usan las armas como instrumento político.

Las preguntas, entonces, no giran sobre esos instrumentos del deber ser de la democracia. De fondo, está la creación de las Circunscripciones Especiales de Paz en zonas de conflicto –léase áreas de dominio de las Farc–. Es decir, la consolidación de “Comunas” farianas al estilo bolivariano, sobre 9.5 millones de hectáreas y un número indeterminado de municipios de las Zonas de Reservas Campesinas, en donde un único partido político con brazo armado, legitimado como “oposición”, corrupto y untado de las actividades criminales del narcotráfico y las Bacrim, tomará las decisiones. ¿Entonces de qué apertura democrática hablan las Farc? Será la continuación de la combinación de todas las formas de lucha, del trastoque de la transparencia y la representación popular, de la anulación de las garantías para la libre expresión y del irrespeto por la vida. Principios que las Farc nunca han respetado y hoy cínicamente reclaman para sí.

Quizá la dinámica de profundización democrática de esas zonas se conocerá al final del proceso, como otros temas verdaderamente decisivos, que convenientemente han sido aplazados para evitar la debacle de las negociaciones. Ahí está la promesa de una “política sin armas”, cuando las Farc han dicho que la entrega de su arsenal está supeditada al cumplimiento del acuerdo. Pero también, el paso automático de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad al Congreso, cuando pesan condenas que inhabilitan sus derechos políticos y la fórmula del indulto, si reconocer la verdad o reparar a las víctimas y subvirtiendo los preceptos del bloque constitucional.

Pero estos asuntos que deberían hacer parte del debate nacional, permanecen ocultos. Pese al crítico panorama de lo que podrían significar los anuncios del acuerdo político con las Farc –tan inconcluso, general y ambiguo, como el de desarrollo rural– tengo la esperanza que la propia democracia hará lo suyo cuando sea consultada la verdadera voluntad popular, en un eventual pacto en La Habana. Sabe este Gobierno y las Farc la repulsa que genera entre los colombianos la idea del perdón total y la incursión de criminales a la esfera política. Por el momento, sólo es más de lo mismo. O otro indicio de que el circo de La Habana continúa.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

Los inventos de La Habana

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Será vano el esfuerzo para concretar el acuerdo en participación política, como lo fue en materia de desarrollo rural. Pero claro, embebido como está el Gobierno por mostrar resultados en La Habana, pronto saldrá otro texto plagado de salvedades y el Presidente Santos soltarán otra andanada para justificar el paso automático de las armas al Congreso. Ya lo hizo para explicar la entrega del campo a las Farc, como único punto del modelo económico. Y es que duelen sus desafortunados argumentos, que convierte a la tierra y al campo en principio y fin de la guerra y en moneda a cambio de la supuesta “desaparición del conflicto” y “una productividad más alta”. ¿Habrá entonces que dar las gracias a los farianos por pasar de narco-terroristas a redentores y de victimarios a próceres con curules?

¿Desconoce el jefe de Estado el contexto del abandono estatal, responsable de la violencia y la pobreza rural? No creo. Más bien, subestima a los colombianos que no tragamos los sapos que saltan desde Cuba. Basta revisar el prontuario de las Farc, el ridículo avance de la Ley restitución de tierras o el primer informe de La Habana, para advertir los engaños. El único que cree que la salida a la esfera política de los farianos pasa por la lavandería de la impunidad, es el Gobierno. Así como fantasea con la política anti-despojo o el acuerdo de desarrollo agrario.

La ligereza del Presidente patina en conjeturas perversas. Por un lado, legitimar los métodos terroristas, bajo la demagogia de “la tierra” o el “fin del conflicto”. De contera, declinar su obligación de usar las armas del Estado de Derecho y la Ley contra la guerrilla, porque según él, sólo cediendo a sus exigencias se puede restituir el orden y el desarrollo. Y para cerrar, creer que la guerra está sobre diagnosticada y, por ende, abrir la democracia a los narco-terroristas sin fórmulas de justicia o arrebatar la tierra a unos para entregarla a otros, traerá paz y productividad.

Ahí están las amenazas del Canciller de las Farc, el día del anuncio del acuerdo agrario: “si dependiera de nosotros, confiscaríamos la tierra de los latifundistas ya. Pero el Gobierno no puede hacernos la revolución por decreto (…) que el campesinado sepa que puede acorralar a este sector retardatario”. Incluso el inacabado acuerdo agrario es más venenoso que su retórica. No oculta las pretensiones de su Ley 001 de reforma agraria revolucionaria, aunque pretendan hacernos creer que la han suavizado. Por supuesto, faltan las “salvedades”, como llaman a las desavenencias con el Gobierno. Aunque las filtraron en las peticiones de la Mesa Nacional Agropecuaria del paro agrario.

Sabemos, entonces, que un hipotético pacto en La Habana no será sinónimo de paz ni productividad, como también del fracaso del Gobierno en muchos de sus políticas, en especial las de seguridad y desarrollo rural. Bien articuladas y sin la intervención de las Farc, nos habrían llevado a la “prosperidad democrática”. Pero contrario a ello, el programa insigne de restitución de tierras, por ejemplo, apenas ha devuelto 20.000 hectáreas de un total 2.9 millones, la incidencia de la pobreza rural persiste en un 46% y el panorama de criminalidad es insostenible. Nada mejoró en estos años.

Así mientras la ruralidad se desgrana entre el terror, la miseria y la frustración, el Gobierno desvía la atención reivindicando a los terroristas, aupando su retórica sobre la tierra –que el censo agropecuario podría desmentir– y unas negociaciones que nacieron sin el aval de los colombianos. Sí, hacer demagogia con la paz y la tierra, puede ser políticamente rentable. Pero es más ético sincerar el debate electoral y llamar las cosas por su nombre. Las Farc no quieren paz ni comprensión a su causa, quieren poder y el Presidente la reelección. No es más.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán