Por: José Félix Lafaurie Rivera*
@jflafaurie
Abruma el incremento exponencial del robo de ganado en el país. Pero lo
más grave, es que a nadie parece importar las dinámicas que este delito está
generando en región. Más allá de las estadísticas –que acusan un elevado
sub-registro– cobran vida esquemas de macro-criminalidad, fuera de todo
control. Son redes que involucran un número creciente de individuos, cuyos
delitos inician en el abigeo y pasan por el transporte y sacrificio clandestino
y el comercio ilegal de carne y ganado en pie. Un negocio redondo que mal
contado asciende a $1 billón al año. Con un atenuante: la desarticulación de
las bandas, contrasta con las decisiones de los jueces para liberar a los
detenidos, en un círculo perverso que deja a los denunciantes expuestos a la
extorsión, el secuestro o el asesinato.
El flagelo ha sido subestimado, despreciado por el Gobierno y las
entidades oficiales, responsables de corregir el rumbo equivocado de las
políticas públicas para hacerle frente. Los paños de agua tibia muy
coyunturales, siempre recaen en la Policía Nacional, cuyos esfuerzos chocan con
la lectura amañada del Código Penal. Una norma que pese haber sido modificada
–por mediación de Fedegán– para endurecer las condenas y eliminar los
beneficios de excarcelación o la suspensión de penas, no ha servido de mucho.
Siento que las fallas institucionales son tan protuberantes, que han hecho
inoperante el régimen punitivo y la acción policiva a lo largo de la cadena
delictiva que, incluso, involucra a quienes ocultan o encubren a los
malhechores.
El lastre de este flagelo golpea la rentabilidad de los productores con
pérdidas millonarias e irrecuperables en la mayoría de los casos. En otras
palabras, las menguadas ganancias de los ganaderos de Santander, Cesar, Sucre,
Atlántico, Huila, Córdoba, Casanare o Caquetá –en donde el abigeo es cotidiano–
se están quedando en los bolsillos del hampa organizada. Pero, de contera, sus
efectos están generando un problema de salud pública, ante la ausencia de un
sistema de vigilancia epidemiológico eficiente. No es un secreto que en muchos
municipios se consume carne de animales robados y sacrificados en “potreros” o
planchones, prácticas que no necesariamente ocurren en la manigua, sino a pocos
minutos de cabeceras y carreteras principales del país.
Pregunto ¿A quién acudimos para que nuestras demandas legítimas sean
escuchadas por los canales democráticos y legales? No es posible que un sistema
como las Guías de movilización de ganado –que Fedegán operó hasta hace poco de
manera sistematizada y en tiempo real– haya dado un salto al pasado bajo la
responsabilidad del ICA. Ahora rige un trámite manual, que habilita
irregularidades incluido el fraude, como Fedegán pudo comprobarlo. Más aún ¿Cuándo
tendremos una política de control a la informalidad, definida en el Decreto
1500 cuya vigencia ha sido aplazada por este Gobierno? Son transacciones
fraudulentas de cerca de $4 billones, de los cuales al menos ¼ está asociado al
crimen organizado del abigeato que nadie controla. ¿Cuándo tendremos un esquema
de trazabilidad para identificar el ganado o un sistema zoosanitario que ponga
fin al sacrificio clandestino de bovinos y la compra-venta ilegal de animales?
La dramática magnitud del abigeo, sumado a la connivencia entre la
delincuencia común y el crimen organizado, el reciente interés de las
guerrillas como alternativa de financiación y los delitos asociados a este
flagelo, claman respuestas. Es un asunto de seguridad pública y ciudadana y de salud,
que requiere medidas urgentes más allá de corregir fallas en la prestación del
servicio público de la protección a la vida, honra y bienes de los habitantes
rurales. En su resolución deben converger Fiscalía, autoridades territoriales,
la institucionalidad sanitaria y los Ministerios de Agricultura, Defensa y
Salud, entre otros. No es un problema de ganaderos y claramente sobrepasó la
responsabilidad policiva.
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