Por: José Félix
Lafaurie Rivera*
@jflafaurie
Será vano el
esfuerzo para concretar el acuerdo en participación política, como lo fue en materia
de desarrollo rural. Pero claro, embebido como está el Gobierno por mostrar
resultados en La Habana, pronto saldrá otro texto plagado de salvedades y el
Presidente Santos soltarán otra andanada para justificar el paso automático de
las armas al Congreso. Ya lo hizo para explicar la entrega del campo a las Farc,
como único punto del modelo económico. Y es que duelen sus desafortunados
argumentos, que convierte a la tierra y al campo en principio y fin de la
guerra y en moneda a cambio de la supuesta “desaparición del conflicto” y “una
productividad más alta”. ¿Habrá entonces que dar las gracias a los farianos por
pasar de narco-terroristas a redentores y de victimarios a próceres con curules?
¿Desconoce
el jefe de Estado el contexto del abandono estatal, responsable de la violencia
y la pobreza rural? No creo. Más bien, subestima a los colombianos que no tragamos
los sapos que saltan desde Cuba. Basta revisar el prontuario de las Farc, el
ridículo avance de la Ley restitución de tierras o el primer informe de La Habana, para
advertir los engaños. El único que cree que la salida a la esfera política de
los farianos pasa por la lavandería de la impunidad, es el Gobierno. Así como
fantasea con la política anti-despojo o el acuerdo de desarrollo agrario.
La
ligereza del Presidente patina en conjeturas perversas. Por un lado, legitimar
los métodos terroristas, bajo la demagogia de “la tierra” o el “fin del
conflicto”. De contera, declinar su obligación de usar las armas del Estado de
Derecho y la Ley contra la guerrilla, porque según él, sólo cediendo a sus exigencias
se puede restituir el orden y el desarrollo. Y para cerrar, creer que la guerra
está sobre diagnosticada y, por ende, abrir la democracia a los
narco-terroristas sin fórmulas de justicia o arrebatar la tierra a unos para
entregarla a otros, traerá paz y productividad.
Ahí están
las amenazas del Canciller de las Farc, el día del anuncio del acuerdo agrario:
“si dependiera de nosotros, confiscaríamos la tierra de los latifundistas ya.
Pero el Gobierno no puede hacernos la revolución por
decreto (…) que el campesinado sepa que puede acorralar a este sector
retardatario”. Incluso el inacabado acuerdo agrario es más venenoso que su
retórica. No oculta las pretensiones de su Ley 001 de reforma agraria
revolucionaria, aunque pretendan hacernos creer que la han suavizado. Por
supuesto, faltan las “salvedades”, como llaman a las desavenencias con el
Gobierno. Aunque las filtraron en las peticiones de la Mesa Nacional Agropecuaria del paro agrario.
Sabemos,
entonces,
que
un hipotético pacto en La Habana no será sinónimo de paz ni productividad, como
también del fracaso del Gobierno en muchos de sus políticas, en especial las de
seguridad y desarrollo rural. Bien articuladas y sin la intervención de las
Farc, nos habrían llevado a la “prosperidad democrática”. Pero contrario a ello,
el programa insigne de restitución de tierras, por ejemplo, apenas ha devuelto 20.000
hectáreas de un total 2.9 millones, la incidencia de la pobreza rural persiste
en un 46% y el panorama de criminalidad es insostenible. Nada mejoró en estos
años.
Así
mientras la ruralidad se desgrana entre el terror, la miseria y la frustración,
el Gobierno desvía la atención reivindicando a los terroristas, aupando su retórica
sobre la tierra –que el censo agropecuario podría desmentir– y unas negociaciones que nacieron
sin el aval de los colombianos. Sí, hacer demagogia con la paz y la tierra, puede
ser políticamente rentable. Pero es más ético sincerar el debate electoral y
llamar las cosas por su nombre. Las Farc no quieren paz ni comprensión a su causa,
quieren poder y el Presidente la reelección. No es más.
*Presidente
Ejecutivo de Fedegán
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