Por: José Félix Lafaurie Rivera*
@jflafaurie
No es posible que pasemos por alto el incidente de la orden presidencial
de retirar el proyecto de baldíos por exigencia de las Farc. El enorme poder
paralelo que opera desde La Habana es inaudito, intolerable. De buena fuente
sabemos que bastó una amenaza de los narcoterroristas de levantarse de la mesa
para que Sergio Jaramillo, negociador del Gobierno, diera el campanazo al
Presidente Santos en pleno discurso reeleccionista. ¿Qué está pasando? ¿Acaso
las Farc cogobiernan y dictan desde ahora las políticas rurales, con la
anuencia del Gobierno? ¿Puede esta sociedad seguir indiferente a una realidad
insoslayable, que busca perpetuar la opresión de las Farc sobre el campo
colombiano?
Es hora de saber ¿quién nos gobierna? ¿Cuáles son los compromisos
secretos adquiridos por el Presidente Santos en La Habana, que determinan su
consentimiento a cuantas imposiciones plantean las Farc? ¿Si esto ocurre
ahora, que el Gobierno poco le debe a las Farc, qué pasará en el hipotético
caso de su reelección con el respaldo fariano –tras supuestos avances en las
negociaciones– y el peligroso chantaje de la confidencialidad? Ni siquiera hubo contemplaciones para exponer al
escrutinio público a los Ministros, Rubén Darío Lizarralde y Aurelio Iragorri,
tras el sorpresivo trino del mandatario que dejó sin piso el proyecto de
baldíos.
Como todo proyecto gubernamental, venía siendo
concertado con Palacio y, en consecuencia, su contenido no le era desconocido.
Existía la orden presidencial y la aprobación del Consejo de
Ministros para radicarlo ante la Cámara de Representantes –mal haría el
MinAgricultura en actuar de manera inconsulta, lo cual está descartado–. Más
aún, según trascendió de boca del Ministro Lizarralde, en
Junta Directiva de la SAC, la norma tenía “carácter reservado”, para evitar
filtraciones que afectaran las decisiones que el Gobierno plantearía al Congreso
en esta materia. Entonces ¿cómo explicar que a menos de 24 horas de dar la
instrucción para presentarlo, el Presidente se retractara y luego se programara
una reunión entre el Ministro Lizarralde y los negociadores del gobierno en
Cuba?
Pero existen otras circunstancias que refuerzan el argumento de la
interferencia de las Farc y descartan una "ligereza” de la cartera de
Agricultura. El Gobierno no ignoraba el interés del país rural en un tema tan
crítico como el de baldíos, vital para el desarrollo de la Altillanura. Una
apuesta con inversiones por más de $10.000 millones de dólares, hoy en el
completo limbo. Pero además, no podía obviar los cuestionamientos de la
oposición y la presión de los empresarios, a propósito de la inestabilidad
jurídica. Razones que lo obligaban a ser extremadamente cuidadoso en el diseño
de la política. De hecho, la sensibilidad del tema había quedado demostrada con
la renuncia del Embajador en Washington, Carlos Urrutia –muy cercano al Presidente– y del Ministro Francisco Estupiñán. Aunque faltó
poco para que Lizarralde, también pagara el costo político de la gravísima
rendición del Gobierno a las Farc.
Estos hechos –que no son los más inquietantes de las recientes
contradicciones del Presidente– obligan a una
aclaración. Tenemos derecho a saber quién está detrás del reacomodo del
proyecto de baldíos o incluso del atentado contra el expresidente Uribe. Si
esta administración rinde cuentas a los terroristas en La Habana y si existe
una agenda de Gobierno, oculta e ilegítima concertada con los farianos, los
colombianos debemos saberlo, con miras a las preferencias que elegiremos en
mayo próximo. Lo más doloroso es que hayamos tenido que llegar a estas
vicisitudes para que la opinión comprendiera, con evidencias, las razones por
las cuales Fedegán no comulgaba ni comulga con la idea de negociar la suerte
del país rural, con quienes hicieron inviable su desarrollo durante 50 años.
*Presidente Ejecutivo de Fedegán
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