¡Tres medidas indispensables!

El Gobierno se va a jugar la aceptación y confianza de los colombianos, en la forma como enfrente una de las peores tragedias naturales de nuestra historia. La emergencia invernal modificó severamente la apuesta de la administración Santos, para poner a funcionar las cinco locomotoras de la prosperidad democrática, no sólo porque tendremos agua y desafíos para rato, sino por el alto costo –más de $10 billones– para atender el desastre. Sin duda, una prueba de fuego para el gabinete ministerial, catalogado como un “dream team”.

Los temas son complejos. El primer compromiso será, sin duda, con los verdaderos damnificados, que urgen por la ayuda humanitaria. Basta asomarse al drama del sur del Atlántico. Si bien el costo supera $1.5 billones, el mayor problema radica en superar las fallas de la institucionalidad regional, para que las ayudas lleguen en forma efectiva a quienes perdieron sus techos y no a los “avivatos” de última hora. Luego vendrá la rehabilitación de la infraestructura para el desarrollo, “reto de retos” para el gobierno.

En el sector agropecuario, de lejos el más afectado, son muchas las acciones a emprender. A mi juico, son tres las prioridades, de cara a los pronósticos del Ideam y a la dimensión del desastre. La primera, la urgencia de recursos, de los comprometidos en créditos y los que requerimos para recuperar tierras, maquinaria, sistemas de riego, establos, animales y cultivos. Labor que tomará al menos un semestre, en el mejor de los casos.

Se necesita un respiro –al menos de un año– en el pago de intereses y capital de las obligaciones. Las medidas pueden cifrarse en declarar plazos muertos hasta 2012, para quienes fueron afectados de manera generalizada –casi todos– y exonerar el pago de intereses a quienes tienen sus predios bajo el agua, cuya recuperación se vislumbra a largo plazo. Una medida que, incluso, evitaría afectar el patrimonio técnico de la banca.Y, por otra  parte, créditos con plazos y tasas blandas, para abocar la reconstrucción productiva.

En segundo lugar, la nula capacidad de pago se hace extensiva a las cargas fiscales que pesan sobre la ruralidad. Sería deseable que no se realizara el reajuste anual en la base gravable del Impuesto Predial para 2011 y posponer el pago del gravamen –en cuotas tripartitas, entre 2012 y 2014 – para todos los afectados y su condonación para los arruinados por el temporal. Resultaría un contrasentido hablar de valorización, con 700 de los 1.100 municipios afectados, 2 millones de hectáreas anegadas, 300 mil viviendas destruidas o averiadas y un inventario de inmuebles en zonas rurales y semirurales de alto riesgo, sin cuantificar.

Finalmente, y no por ello el tema menos importante, es el grave problema de las vías. Hemos propuesto una estrategia tripartita de financiación, vía Fondos Concursales. La iniciativa comprende la participación del Gobierno, en al menos un 70% de los recursos para habilitar la red secundaria y terciaria, 20% a través de impuestos territoriales rurales –de aquellos con capacidad contributiva, destinando hasta el 50% del recaudo– y el 10% restante a cargo de los productores. Si todos ponemos, todos ganamos.

Es claro que el sector debe ser sujeto de una política que consulte las maltrechas condiciones productivas y la precariedad de las rentas presentes y futuras de la tierra. Más aún, la declaratoria de “emergencia”, debe pasar de la contingencia, al plano de soluciones definitivas. No podemos seguir enfrentando con paños de agua tibia, problemas que se materializan en el campo año tras año –en invierno o sequía– y admitir con resignación, que el país se paralice sin una política integral de “gestión del riesgo” y “desarrollo rural”.

 

Víctimas, tierra y ganaderos

La próxima semana será decisiva para la denominada “Ley de víctimas y de restitución de tierras”. Y, en contravía con la malintencionada postura de “opositores” que algunos le endosan a los ganaderos, queremos dejar claro que no seremos el palo en la rueda de este proyecto de justicia restaurativa. Saludamos las políticas transicionales para restituir derechos fundamentales a millones de víctimas que, como en el caso de miles de ganaderos, perdieron todo a manos de guerrillas y paramilitares, inclusive con mayor sevicia que en otros sectores y, por lo menos, tres décadas atrás de la fecha de corte propuesta por el Ejecutivo.

Nuestras víctimas son muchas más de las 3.423 asesinadas y secuestradas, cuyos nombres reposan, para la vergonzosa memoria de barbarie del país, en el libro “Acabar con el olvido”. Una edición que revelamos a las autoridades en busca de infructuosa justicia. Nombres que se suman a nuestros miles de desplazados, despojados de sus tierras, animales y cultivos. Nombres de quienes vendieron a pérdida o abandonaron sus parcelas obligados, entonces y aún hoy, por poderes mafiosos confabulados con actores armados, que hicieron de la tierra un activo de acumulación patrimonial, en donde medió el terror, pero también el dinero fácil que desató un “boom” ficticio sobre el valor de la tierra.

Los ganaderos no somos los grandes usurpadores de la tierra, ni los concentradores de la propiedad rural. De eso tendrá que dar cuenta el Gobierno, cuando desmonte las cadenas del testaferrato y se busque la responsabilidad en sectores que no están relacionados con la ganadería. Ellos tendrán que explicarle al país y a los colombianos. Porque no se puede llamar ganadero a quien compra tierras y reses con el producto de una actividad ilícita o seguir mancillando el nombre de generaciones que crecieron honradamente con la cría de bovinos.

Se culpa a la ganadería de usar mucha tierra y no lo hemos negado. Pero no se indaga sobre los fenómenos socio-económicos o las fallas en los modelos, que llevaron a que la ruralidad transitara hacia el desorden territorial productivo que hoy acusa. Habría que decir que son igualmente responsables los gobiernos y las políticas que ocasionaron el empobrecimiento de amplios sectores productivos tradicionales y dependientes de la economía campesina, siendo la ganadería el único reducto para sobrevivir muy de lejos de las oportunidades que genera la agricultura comercial de ciclo corto o de tardío rendimiento.

Es hora de sincerarnos, si la meta última es la reconciliación nacional. Una catarsis en la que dicho sea de paso, los ganaderos estamos llamados a salir de del mutismo, para convertirnos en actores de primera línea, para evitar que la tierra vuelva a convertirse en bandera política. Y, más aún, para impulsar una visión prospectiva del campo, frente a las enormes oportunidades que se están abriendo en los mercados doméstico e internacional. Temas en los que, tristemente, ha echado raíces la parálisis propositiva.

Necesitamos abrir una discusión de política pública sobre qué hacer con el insumo tierra. Urge reordenar el territorio productivo rural y hacer un uso más eficiente de las muy escasas tierras de buena calidad que posee. Desde FEDEGÁN hemos desarrollado tecnologías para reducir el área y aumentar el hato, pero requerimos crédito, infraestructura y provisión de bienes públicos para consolidar este proceso. Exigimos instrumentos que no sesgue el modelo de desarrollo y condiciones para generar riqueza, superar los desequilibrios sociales y ambientales e invertir las dinámicas de incompetencia.

Alianza para el desarrollo

En el pasado Congreso Nacional Ganadero celebramos que el Gobierno haya llevado al centro de atención de la política pública al sector rural, y refrendado el compromiso de mantener la seguridad y el desarrollo rural. Pero celebramos más el clima de receptividad y entendimiento con que fueron recibidas las propuestas del gremio.

Puntual y concreto, el Presidente Santos, revisó cada una de las propuestas planteadas y fue dándoles respuesta, al igual que hicieron los ministros de Agricultura, Comercio Exterior y el de Transporte, con la aceptación de las propuestas. La verdad es que existe total sintonía entre las tesis que hemos planteado en Fedegán con lo señalado en el Plan de Desarrollo 2010-2014.

“Más empleo, menos pobreza y más seguridad” –los axiomas que rigen el Plan–, es una apuesta para disminuir la brecha y la desigualdad entre las regiones y entre los colombianos, que responde, colateralmente, a los retos que impone a nivel mundial la seguridad alimentaria, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental.

De ahí que la tarea inmediata es trabajar de la mano con el Gobierno para concertar una agenda conjunta que nos lleve a darle operatividad a esos acuerdos, apostándole a la solución de esos retos, porque tenemos unas condiciones geográficas que lo permiten. Así también lo ven entidades como la FAO, que ha señalado que Colombia hace parte del reducido grupo de países que podría proveer alimentos. Piénsese no más que el hato bovino mundial se concentrará en un 80% entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, precisamente donde está ubicado nuestro país.

La tarea que debemos realizar con el Gobierno nos debe permitir elevar, en forma rápida y contundente, la competitividad del sector agropecuario, desanclarlo de la serie de obstáculos que no le permiten crecer, y rodearlo con las necesarias medidas para sacarlo de la crisis originada en las condiciones climatológicas extremas de sequia e invierno y que se han traducido en verdaderos desastres.

Hoy todo el sector agropecuario –y más concretamente el pecuario bovino– atraviesa por una crisis originada en dos factores: Uno, en los altos costos de producción y bajos precios de la leche cruda y del ganado en pie, en un escenario de gran incertidumbre frente a los mercados; y dos, en la informalidad de las cadenas cárnica y láctea.

Por eso vamos a trabajar en la creación de instrumentos transparentes y por el tiempo que requiera la recuperación de la infraestructura pública y privada de producción y otras medidas para ir ganando en competitividad, como las relacionadas con la energía eléctrica, la reconstrucción y mantenimiento de la red terciaria, la implantación de un sistema nacional de garantías, la utilización del catastro como factor de ordenamiento territorial y productivo, y la ampliación de la cobertura de conectividad y TIC al sector rural.

Pero no todo es tarea que resulte de la alianza gobierno sector privado. A mediano plazo se imponen dos paradigmas que además de orientar la política pública ganadera, deben convertirse en el referente cotidiano del ganadero y de todos los eslabones de las dos cadenas: la Formalización y la Transformación Productiva. Es indudablemente una alianza para el desarrollo en la que ganaremos todos los colombianos.

Todos ponen, todos ganan

Las medidas para atender los desastres de la ola invernal son insuficientes frente a la magnitud del problema. El pronóstico de la extensión del fenómeno de La Niña hasta el primer semestre de 2011 tiene en ascuas a los productores del sector agropecuario y a los consumidores. A los primeros, porque han perdido cosechas y animales, y lo que les ha quedado en los campos, no lo pueden colocar en el mercado por la destrucción de la red vial terciaria, y a los segundos, porque, frente a una menor oferta de alimentos, el impacto en los precios finales no se hará esperar, máxime las grandes imperfecciones que registra la comercialización, en donde la especulación es la orden del día en situaciones como la actual. Más aún, en ésta oportunidad no se puede echar mano del fácil expediente de importar alimentos para controlar la inflación, porque en el mercado internacional ya se prendieron las alarmas de un nuevo ciclo de precios de los alimentos al alza. Por lo menos esa es la previsión de la FAO. Es una situación que ha desbordado la capacidad del Estado para atender tanta tragedia, y por eso valoramos las acciones del Gobierno encaminadas a obtener, a través de la iniciativa ‘Colombia Humanitaria’, ayuda y recursos. También vemos como muy positivo el plan de choque con recursos de la banca internacional para el sector ganadero, así como el alivio financiero implementado por el Banco Agrario, y la apropiación realizada por el Ministerio de Agricultura para subsidiar los suplementos que requieren los bovinos en las zonas más afectadas. Sin embargo, ante el desastre, y, como se dice popularmente, “una vez entrados en gastos”, se impone hacer el máximo esfuerzo para dotar al país de una red terciaria que realmente le permita al sector agropecuario ser competitivo, pues la declaratoria de emergencia económica rural que Fedegán le ha propuesto al gobierno es apenas un intento por contener en el mediano plazo, el enflaquecimiento del sector productor de alimentos y, en el corto plazo, como una tabla de salvación para muchos productores que han perdido sus activos productivos. Así lo deben entender el gobierno y los productores rurales. Y en ese sentido va la propuesta de Fedegán para recuperar la red terciaria, bajo la filosofía del “todos ponen, todos ganan”. Se trata de generar mecanismos en materia presupuestal, que permita además de la recuperación de la red terciaria, su mantenimiento permanente. El esquema de trabajo consiste en que la Nación aporte del presupuesto general por lo menos en setenta por ciento (70%) de los requerimientos financieros para la solución, el treinta por ciento (30%) restante, se origine en los aportes de las administraciones locales con cargo a sus presupuestos y en los aportes de los productores. Esa gran bolsa de alimentarse también con un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) del impuesto predial   rural que recaude cada entidad territorial del orden municipal. Son recursos que al destinarse específicamente a la recuperación y mantenimiento de la red vial terciaria, habilitan una relación de causalidad entre la actividad productiva y el objeto del impuesto. El presidente Santos ha acogido esta iniciativa y la ha enriquecido al señalar la decisión del Gobierno de destinar el producto de la venta del 9,9 por ciento de Ecopetrol, para vías. El instrumento de carácter legal a través del cual es posible implementar esta política, es la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, en el acápite denominado “Caminos para la Prosperidad”, la cual se encuentra en discusión y es el escenario ideal para llevar a cabo la creación de los elementos legales y presupuestales que soporten la solución propuesta. Creemos que esta es una propuesta válida que se convertirá, indudablemente, en el combustible de la locomotora del sector rural. *Presidente Ejecutivo de Fedegán.

Emergencia económica para el campo

Cientos de miles de colombianos, entre ellos muchos ganaderos, claman por una ayuda para subsistir a los desastres del invierno. A la demanda por una mejor red vial terciaria, que se hiciera al Gobierno por las trochas y barrizales en las que se convirtió esta infraestructura por falta de mantenimiento, se suma el hecho de que muchos productores ya no tienen qué sacar al mercado por efecto del invierno. A la delicada situación de pérdida de vidas humanas se adiciona la de bienes y de miles de animales de toda especie. La comida para los bovinos también se ha estropeado por los potreros anegados y el pisoteo de los animales. Más de la mitad de los municipios de Colombia se encuentran inundados. No es un problema de unos pocos productores, de unos productos o de unas regiones. Es un problema nacional que demanda la aplicación de medidas excepcionales para paliar la situación. Se requiere que el Gobierno se vuelque, en su conjunto, a prestar ayuda, en forma rápida y eficaz, declarando la emergencia económica para el campo.

Para los ganaderos es una tragedia que se agrega a la ya larga lista de infortunios que han afectado la actividad en los últimos años. Arribamos al 32 Congreso Nacional de Ganaderos (Cartagena, 25 y 26 de nov.), en donde discutiremos temas de mayor importancia para el futuro de la ganadería basadas en la necesidad de una transformación productiva, en unas condiciones francamente críticas: altos costos, bajos precios, mercados inciertos y un clima que no cede en favor de los productores colombianos. Pero también entramos con unas interesantes expectativas y grandes retos, por lo menos en lo que se refiere al derrotero de la política ganadera señalada en los Conpes 3675 (lácteo) y 3676 (política sanitaria y de inocuidad), y a la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio.

Frente a estas situaciones y con base en esos instrumentos y en los que el Gobierno señale en la declaratoria de emergencia, el sector bovino debe reaccionar y recuperarse rápidamente. El boom exportador hacia Venezuela, registrado entre 2004 y 2009, generó una serie de distorsiones de las cuales aún no nos hemos podido recuperar. Los precios del ganado gordo crecieron más allá de lo que realmente era capaz de asimilar el sector; pasaron de $2.300 kilo en pie en enero de 2005 a $3.600 en mayo de 2007, e incluso, alcanzaron a estar al doble de los precios internacionales.

La descolgada de precios, que sólo entre abril y noviembre de este año ha sido del 10%, no se traduce en un menor precio al consumidor. El mercado del ganado en pie y el de la carne tiene una serie de intermediarios informales que impiden que este estímulo natural de mercado se active –a menores precios para el consumidor, mayor demanda de producto–. En el caso de leche, la situación es aún peor. En ambos casos, carne y leche, la estructura de costos se disparó más de lo que podía absorber la ganadería y, en consecuencia, nos quedamos en el peor de los escenarios: altos costos y bajos precios.

Muchas tareas hay por delante. Por un lado, tenemos un tema de formalización muy importante en la comercialización. Por otro, los temas de la industria, que debe aprovechar las estrategias y el entorno actual. Son grandes retos que entraremos a estudiar en el próximo Congreso Nacional de Ganaderos, pero que tendremos que enfrentar en un mejor escenario productivo. Sin un apoyo decidido del Gobierno, para formalizar la comercialización, proveer suplementos alimenticios a los animales, activar el consumo social, no podremos volver a dinamizar la economía ganadera. Se requiere de la declaratoria de la emergencia económica para el campo.

 *Presidente ejecutivo de FEDEGÁN.

¡Qué sequía… en diluvio!

La dramática situación que afronta más de un millón de damnificados por el invierno –pobres, entre los pobres– y, por antonomasia, los productores agropecuarios, contrasta con las ligeras críticas de algunos analistas sobre los temas rurales. Por supuesto, siempre es más fácil invertir cuando se está bajo techo, que en la intemperie. Han sido dos años sin tregua en pérdidas y dificultades para el campo, por cuenta de los fenómenos del Niño y la Niña que, prácticamente, se traslaparon con efectos destrozos que se agudizarán y se prolongarán hasta el primer trimestre de 2011.

Organismos como la FAO y Naciones Unidas ya habían predicho el mayor impacto del cambio climático sobre los países del trópico –Colombia entre ellos–, sin que aún movamos un dedo para iniciar la urgente adaptación de los sectores climáticamente sensibles. Fenómenos que antes eran esporádicos, se han vuelto más intensos e impredecibles. En Colombia El Niño se manifestó desde mayo de 2009 y para mediados de 2010, cuando ni quiera nos recuperábamos de los coletazos de las sequías, se desató La Niña con un temporal extremo de lluvias. Esta vez sin drenajes, diques de contención o dragado de ríos.

En lo corrido del año, las precipitaciones en el país se han incrementado en promedio 33% en comparación con 2009. Aunque en La Guajira, Bolívar, Atlántico, Cesar, sur de Antioquia, Santanderes, Eje Cafetero, Boyacá, Cundinamarca, Tolima o Huila se han producido aumentos superiores al 70%, e inclusive se han registrado meses dramáticos, con una pluviosidad superior al 200% frente a los históricos. No sólo las tierras ribereñas han sido afectadas por desbordamientos, sino áreas que históricamente se habían mantenido a salvo, hoy lucen anegadas.

Amplias zonas productoras hoy permanecen incomunicadas. Las vías terciarias están hechas fango, sin que los campesinos puedan sacar la muy escasa producción que sobrevive al temporal. Las inversiones en mejora de praderas, viviendas o establos literalmente se hacen agua y nadie cuantifica la muerte de semovientes, las cosechas perdidas o las plagas que se deben contener tras las inundaciones. Así es imposible programar y desarrollar una actividad con un mínimo de competitividad ¿Por qué? Contrario a lo que sucede en otras latitudes, nuestra infraestructura para la producción rural es escasa o está en muy mal estado.

Sólo hay que asomarse a Texas o Arizona, para comprobar cómo en áreas desérticas se han establecido sistemas de riego de pivote central, alimentados por  caudalosos ríos, que permiten irrigar zonas distantes en más de 500 kilómetros. Europa ha hecho otro tanto en tecnologías de producción agropecuaria, o para no ir tan lejos, los casos de Brasil, Argentina o Chile, con liderazgos de competitividad tecnológica y de infraestructura reconocidos en la región.

Aquí en Colombia desde el gobierno de Laureano Gómez se ha hablado de aprovechar las ricas tierras aledañas al río Magdalena –alrededor de 5 millones de hectáreas–. Mi padre, José Vicente Lafaurie Acosta, hizo los primeros trabajos en La Mojana para darle vida y desarrollo a esa gran región en los años 50, contratado por la Tipton. No obstante, más de 10 lustros después ¿qué hemos hecho? Nada, o casi nada.

¡La sequía de ideas abunda en medio del diluvio¡ Estamos a la espera de las medidas. Al decir de la dimensión de la tragedia y de la angustia de productores y campesinos, seguramente el Congreso de la República tendrá que apropiar más recursos, vía presupuesto, para tratar de recuperar las zonas afectadas por el invierno. Un empeño que tendrá que ir más allá de apagar los incendios del cambio climático y de poner pañitos de agua tibia en materia de infraestructura productiva.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

Movernos rápido

El país, que venía reclamando de los Estados Unidos la falta de consistencia como aliado estratégico en el hemisferio por la no aprobación del TLC, está ad portas de enfrentar una nueva realidad. Como candidato, el presidente Barack Obama, encontró en el desmonte de los tratados de libre comercio el mejor argumento para golpear a los republicanos, pero ahora como Presidente y tras la derrota que sufrió su partido en la Cámara -en donde los Republicanos pasaron a ser mayoría con 238 curules frente a 182-, las cosas cambiaron sustancialmente, con un previsible alto impacto para Colombia.

Si bien Obama como candidato se había opuesto a la firma de TLC, como Presidente entendió la necesidad de adoptar los acuerdos comerciales no sólo para atender el crecimiento de la economía norteamericana, sino por otras consideraciones geopoliticas. Es de esperarse, por tanto, que con el cambio en el Congreso americano se apruebe, en un término bastante breve, el TLC con Colombia. Era un tema que esperamos durante los 5 últimos años, y con su segura aprobación, lo negociado empezará a generar las dinámicas de negocios que éste instrumento comporta.

Probablemente ésta sea una buena noticia para unos, pero no para todos. Es el caso del sector ganadero. Desde cuando iniciamos las negociaciones con Estados Unidos, advertimos categóricamente que no se trataba simplemente de negociar contingentes, sino de negociar acceso real y, si bien los contingentes son explícitos en el Tratado en una negociación autocontenida por sectores, en la que a la carne y a la leche le exigieron abrir mercado en Colombia para poder tener oportunidades en EU, éstas se harán ahora efectivas para ellos más no para Colombia.

Me explico. Los americanos tienen un estatus sanitario de productos que les permite poner en Colombia al día siguiente de la firma del TLC, todos los cortes finos y carne en canal que quieran, pues éstas quedaron con desgravación inmediata; en carnes industriales y vísceras podrán introducir 6.400 toneladas el primer año, con crecimiento del 5% cada año siguiente; y en lácteos, 5.000 toneladas de leche en polco, 2.100 toneladas de quesos y 1.900 toneladas de otros productos lácteos, mientras que nosotros no podremos colocar lo que nos otorgaron, porque pese a que hemos invertido más de $500 mil millones para erradicar la fiebre aftosa, más de $10.000 millones en trazabilidad, y unas sumas importantes en el ordenamiento del mercado a través de la Ley de tasas, el gobierno americano ni siquiera ha reconocido -cinco años después de haber iniciado las negociaciones-, una zona colombiana libre de aftosa para tal propósito, muy a pesar de que Colombia recibió el año pasado el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, y le ha sido reconocido, a nivel continental, un claro sitial de respeto por haber logrado en tiempo record y bajo un esquema público-privado, ICA-FEDEGAN, la erradicación de la aftosa.

Ahora que los ejes de la política americana han cambiado, Colombia –nuestra canciller– debe entender que este cambio en la agenda es vital, y actuar en consecuencia, porque de lo contrario, la ganadería, que atraviesa una de sus peores épocas por cuenta de bajos precios, una oferta excedentaria, e impactada negativamente por factores ambientales, en donde de un agudo verano originado en el fenómeno de El Niño pasamos a un intenso invierno por la presencia del fenómeno de La Niña, que están generando cuantiosas pérdidas al sector, la avalancha de productos cárnicos y lácteos de Estados Unidos a Colombia tendrá efectos más gravosos que los que hemos señalado con la firma del TLC con la Unión Europea.

Será como la séptima plaga para el sector bovino, sin colocar siquiera un kilo de carne o un litro de leche en el mercado americano. Es hora de mover la diplomacia. Lo contrario es la ruina.

 Presidente ejecutivo de Fedegán

¿Por qué no cuentas en dólares?

La temida “enfermedad holandesa”, un virus mortal del que sólo se hablaba en círculos cerrados de análisis, entró esta semana en el argot del Ministro de Hacienda. ¡Quién lo diría! Un futuro de creciente inversión extrajera y bonanza minero-energética, tienen la economía amenazada. Una avalancha estimada en 178 mil millones de dólares para la próxima década y la generación anual de US$12 billones por regalías, terminarían por sepultar el dólar a niveles fatales. Un juego peligroso –en donde son más los que pierden que los que ganan–, amerita medidas agresivas más allá de la intervención del Emisor.

Tenemos una de las monedas más revaluadas del mundo. Hoy un dólar cuesta $1.026 menos que en 2003, cuando se inició el recalentamiento del peso. Es decir, una apreciación del 36%.Desde entonces, la política del Banco de la República ha sido onerosa –ha adquirido en el mercado US$12.281 millones–. Hoy tenemos un agravante: no es posible prever el fin de la debilidad del dólar. Lo único seguro, será una revaluación de largo aliento, por cuenta de la parálisis global, que aviva la estampida inversionista hacia mercados atractivos que, como el nuestro, ofrecen mejores tasas de interés.

La doble moral de este juego radica en que los dólares llegan como langostas. Pero no nos engañemos. Las inversiones de largo plazo que se prevén  se dirigen a un solo sector que, como el minero-energético, es muy rentable para sus bolsillos, pero poco intensivo en mano de obra. En contrapartida, la abundancia de la divisa agravaría la revaluación del peso, arrastrando a los exportadores y la producción nacional a medida que pierden competitividad, con efectos perversos sobre empleo, ahorro y demanda agregada. No podemos olvidar los resultados de la bonanza cafetera de los setenta o la petrolera en los noventa.

Si bien, la guerra de divisas y  el relajamiento monetario y fiscal en las economías desarrolladas, han vuelto impredecibles las medidas que tome el país, ello no quiere decir que no tengamos la obligación de intentar enfriar el peso. Ya se han esgrimido algunas medidas, como el control a capitales golondrina, evitar la monetización de los dividendos de Ecopetrol, ahorrar vía impuestos a las actividades mineras y hasta la denominada “regla fiscal”, para frenar la deuda del Gobierno y asegurar una política fiscal contracíclica –de ahorro y desahorro programados– de los excedentes minero-energéticos.

Pero, además, el país podría levantar la restricción para la apertura de cuentas bancarias en dólares. La medida permitiría a las entidades financieras otorgar créditos en esa moneda, los colombianos podrían realizar ciertas operaciones comerciales o transar bienes en verdes, mantener las remesas o pagos que hacen las multinacionales a sus empleados en esa divisa e inclusive materializar en ella la inversión extranjera, sin tener que monetizar o convertir a pesos. Ello desactivaría las burbujas especulativas, facilitaría un mayor control sobre el tránsito de esa moneda en el país y, por ende, contribuiría atajar la revaluación.

No deja de ser pintoresco que en una economía global, donde las divisas entran y salen de las fronteras nacionales, en Colombia sólo unos pocos tengan la prerrogativa de tener cuentas en dólares. ¿Cuánto le cuesta al aparato productivo monetizar y volver a cambiar, generando costosas comisiones que podría ahorrarse la economía con mayor eficiencia? ¿Cuánto nos cuestan los inútiles instrumentos de control de cambios, que bien podrían quedar obsoletos con abrirle espacio al dólar en el mercado? La unidad de lavado de activos puede hacer con los dólares, el mismo trabajo que hoy cumple de manera eficiente en pesos. Es cuestión de atreverse. Entonces, ¿cuál es la razón para no tener cuentas en dólares?

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

Caminos de herradura

Si de algo ha servido la intensa ola invernal ha sido para mostrar, una vez más, el pésimo estado de las vías terciarias. Una precaria red de trochas, colonizada por huecos, derrumbes y lodazales intransitables, que terminaron por desaparecer ante los permanentes aguaceros. Bien dicen que nada es, sino lo que parece y los nuestros, son caminos de herradura. Estamos rezagados 50 años y eso impide que el sector rural pueda desarrollarse dinámicamente, como piden algunos analistas que desconocen las dificultades, para incorporar la producción agroalimentaria a los mercados, simplemente con la propuesta equivocada de bajar los aranceles.

Me parece que una mirada más a fondo, para exigir competitividad al sector rural, debe pasar por reconocer la falta de infraestructura vial. ¿Seremos capaces de formular una propuesta, de la mano del Ministro Cardona, para que en 4 años demos el salto cualitativo? Esa parece ser, después de la Seguridad Democrática alcanzada en el Gobierno de Uribe, la prioridad del sector rural en la administración Santos.

Las emergencias se han hecho sentir especialmente, en municipios aledaños a los ríos Magdalena, Cauca, Sinú, San Jorge o Manzanares, que anegaron las “vías agropecuarias para el desarrollo”. Nadie pregunta cuánto cuesta este desastre. Quizá porque las erogaciones salen de los bolsillos de quienes lo padecen. Campesinos que pierden sus cosechas o como en el caso de los productores de leche, con los sobrecostos y descuentos en el pago que hace el industrial al ganadero. Condición que se suma a la gravosa baja de precios en invierno.

En este momento, en el que se discute la restitución de tierras a las víctimas, me pregunto cuál es la política para garantizar –a los que retornen y a los que han permanecido en los campos– condiciones productivas y competitividad. La “accesibilidad” es un derecho básico, pero no sólo con beneficios en una vía. Es decir, exclusivamente, para llevar alimentos y materias primas a las ciudades. Debe ser el canal para romper las brechas urbano - rural y las asimetrías que caracterizan el desarrollo regional.

Las mejoras en la accesibilidad deben reducir la pobreza y la vulnerabilidad logística de los habitantes rurales. Servir de atajo a bienes públicos, o lo que es lo mismo, llevar la institucionalidad pública al medio rural. Asegurar la comercialización de la producción en tiempos y costos razonables y garantizar su integración a las economías de escala. Con beneficios inmediatos en competitividad, asistencia social, empleo digno y formación de capital. 

En Portugal, Alemania y Hungría programas masivos de inversión en infraestructura vial, aceleraron la dinámica del desarrollo y el crecimiento económico. Brasil, Argentina, Costa Rica o Chile –con densidad de vías pavimentadas por millón de habitantes, muy superior a la nuestra– hoy tienen liderazgos incuestionables en la región. ¿Cuál sería el impacto de la adecuación de las redes secundarias y terciarias, que representan el 80% del total de las vías del país? Son más de 120 mil kilómetros en mal estado, incluso sin inventariar, que según el Ministro requieren una inversión de $500.000 millones. 

Se requiere, ahora más que nunca, hacer esfuerzos estratégicos, técnicos y financieros extraordinarios. Es una tarea inaplazable, que no se puede seguir diluyendo en el discurso de las restricciones fiscales. Necesitamos un modelo que constriña a las administraciones locales a crear fondos viales, la destinación de recursos que se “liberen” de las regalías para este fin y la decisión política, para ejecutar una planeación coherente para la ruralidad. Tengo la certeza que con el apoyo del Ministro, los ganaderos podemos estructurar una propuesta donde todos pongamos: gobierno, entes territoriales y productores, para que gane el país. Lo intentaremos.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

¿Democratizar las regalias ?

Esta semana pasó su primera prueba de fuego el proyecto de acto legislativo, que busca modificar el Régimen de Regalías, pese a la incertidumbre y oposición que ha generado su trámite. Es resultado del interés de un mayor número de actores de participar de una cantidad inimaginable de recursos que hoy tiene el país, a diferencia de hace casi dos décadas cuando se establecieron las reglas de reparto. Al margen de la corrupción, que en efecto la hay y muy evidente –como en el caso de las brujas–, es un problema más de aritmética y menos de ética. Desafortunadamente.

Partamos en consecuencia, que el proyecto se aprobará. Un gobierno con alta popularidad y respaldo en el Congreso, no puede dejar que se hunda. Sería un golpe a la gobernabilidad. Pero, lo que no podremos consentir, es que estos recursos se licúen en el abultado déficit del Gobierno Central o para cubrir el desmonte de impuestos. Si el argumento es recuperar décadas en las que se benefició una minoría, por ineficiencia e iniquidad en el gasto que se financia con las regalías, no tendría sentido que desde el nivel central se usen para tapar un hueco, que también es hijo legítimo de la iniquidad con la cual se atiende la inversión en región.

Hoy las regalías apenas llegan a 16 departamentos y a 170 municipios, inclusive con fuertes asimetrías entre ellos. Sólo entre 1995 y 2009 el monto ascendió a $19 billones. El 80% –$15 billones– fueron girados a 7 departamentos. En 18 municipios, la mayoría de Casanare, el promedio per cápita por regalías petroleras fue de $11 millones, aunque en Castilla La Nueva ascendió a $50 millones. Así mismo, los montos que administran las gobernaciones son mayores a los que perciben las alcaldías.

Los escasos avances para cerrar las brechas sociales, poco tienen que ver con las regalías y, en cambio sí mucho con la vigilancia sobre la inversión de los fondos del Sistema General de Participaciones. Un albur en el caso de las regalías, que se atomizan incontroladamente. Y, por supuesto, no tengo que ahondar en los incrementos de pobreza, déficit habitacional y coberturas de saneamiento básico, comunes en municipios que perciben regalías, en especial en la periferia.

Empero, es una situación que no sólo está atada a la precaria ejecución, sino al incremento en la corrupción en todos los niveles. De ahí que si el proyecto corrige elementos de iniquidad territorial, debe también hacerlo, en grado sumo, en materia de trasparencia, para evitar que se repitan funestas experiencias. Y es que si de algo ha servido la actual rapiña verbal, ha sido para sincerar el debate.

Queremos regalías distribuidas con eficiencia, transparencia y que lleguen con equidad, a todos los ciudadanos. Queremos que termine la iniquidad –consentida por décadas, en las que la inversión sólo tocó determinadas regiones– para que lleguen recursos a zonas con mayor atraso relativo. ¿Cuántos años la Costa ha tenido que pagar energía más cara, sólo porque no genera con hidráulica? ¿Por qué el registro mercantil sólo favorece a un puñado de ciudades, cuando las mismas empresas operan en todo el territorio? ¿O cuál es la razón para privilegiar a unos con grandes obras de infraestructura, cuando otros siguen con vías de herradura?

Si las regiones productoras ceden en favor del resto del país, debe ser a cambio de un manejo justo y razonable. Así tendremos un Estado que lleve a todos los rincones del país escuelas, alcantarillados, distritos de riego, vías secundarias y terciarias y, por capilaridad, a toda la población vulnerable –en su mayoría rural–. ¿Será capaz el país de generar un modelo de desarrollo, que no sesgue la inversión y las oportunidades en favor de los mismos? Ese es el verdadero dilema.

De la otra verdad, justicia y reparación

La operación Sodoma es de lejos el golpe más certero de las Fuerzas Armadas a las FARC. No sólo dieron de baja al máximo jefe militar de esa organización, sino que la información contenida en los 15 computadores y 98 memorias, incautadas en el búnker de La Macarena, no tiene precedentes. En volumen, supera 11 veces la hallada en el campamento de Raúl Reyes y su aporte en la reconstrucción de la memoria histórica y como elemento probatorio en los procesos transicionales de verdad, justicia y reparación, levantará un impresionante espejo retrovisor, sobre la tenebrosa campaña que sembraron por más de 40 años en la ruralidad.

Si los computadores de Raúl Reyes le dieron al país la comprensión de la deformada visión ideológica de las FARC, la dimensión de sus tentáculos internacionales y la precaria moral de combate de sus menguadas filas, los de “Jojoy” tienen, ni más ni menos, la información de la guerra. Esa que enlutó, empobreció y minó la confianza entre los habitantes del campo, que escaló el crimen y la barbarie por los vínculos de esa guerrilla con el narcotráfico y que también sembró de fosas comunes y ajusticiamientos la geografía rural, que vio pudrir sus vidas en una lucha sin rumbo.

Esos computadores están llamados a abrir la caja de Pandora de los sangrientos combates, librados con cilindros en pueblos y corregimientos pobres de nuestra periferia, de los carro-bomba en Bogotá, Pitalito o Puerto Rico y las mal llamadas “pescas milagrosas”. Pero además será el timonel que le falta a la Farcpolítica, que sólo ha dado tumbos en el esclarecimiento de los oscuros vínculos de la clase política con las FARC, e inclusive sobre la participación de actores de la sociedad civil, que juegan subrepticiamente en los dos bandos, con una desmedida doble moral pública.

Mucho dirán los PC del despojo de tierras en Meta, Caquetá y en todo el suroccidente del país, de las reses robadas, de las casas de habitantes y productores agropecuarios que fueron minadas y de los secuestros, extorsiones y asesinatos de miles de ganaderos. Episodios de lesa humanidad que FUNDAGÁN ha develado desde varias tribunas. La celebración el pasado 30 de septiembre del Día Nacional del Ganadero sirvió, justamente, para recordar a más de 3.000 víctimas y emprender, en su nombre y por la reconciliación nacional, un programa para donar una vaca preñada a familias pobres de la ruralidad. Una iniciativa que nos dejó absortos, ante la generosidad del país urbano con el rural.

Los colombianos deberíamos exigir que toda esa información sea puesta en manos de las autoridades y la sociedad, para conocer la cara oculta de los verdaderos agresores y servir a los propósitos de políticas centrales de la actual administración. Las Leyes de Restitución de Tierras o de Víctimas, también requieren esclarecer los móviles y la magnitud del desplazamiento ocasionado por la guerrilla, la “colonización armada” y las cadenas de testaferrato que construyeron en sus zonas de control, tal y como se ha hecho con el paramilitarismo.

Es un pasado que cala hasta los huesos y que lleva a causar escozor, cuando escuchamos declaraciones como las del octogenario dictador cubano, destacando la figura de “Tirofijo”, cuestionando el operativo en el que murió el “Mono Jojoy” o la destitución de la senadora Piedad Córdoba. Como si de suyo la Revolución Cubana no hubiera contribuido ideológicamente, en el escalamiento de nuestro conflicto. Más aún, cuando hacía poco, Fidel, se había pronunciado sobre el derecho que le asiste a Colombia de alcanzar la paz e incluso calificó de “objetivamente crueles” e injustificables los métodos de la guerrilla.