¿Hoy Petro… mañana las Farc?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

La alcaldía de Bogotá ha permanecido acéfala en el último lustro. Con Samuel Moreno fuera de escena –por el carrusel de la contratación– y la pésima administración actual, la ciudad navega a la deriva. Si los mecanismos de participación hubieran actuado sin dilación, hace meses que Gustavo Petro habría sido destituido. Curioso que ahora la Registraduría habilite las urnas para revocar al Alcalde y que la abogada defensora acuda a notificarse, cuando antes evadía a los registradores. La estrategia es buscar una suspensión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a través de recursos que interponga el ex-fiscal Iguarán ante un juez de garantías, para dar tiempo a la convocatoria y refrendar el mandato de Petro en las urnas, con el precario propósito de invalidar la destitución.

Pero Petro es sólo un eslabón de un engranaje complejo y peligroso. La artimaña está montada en nombre de la izquierda, la elección popular o el proceso de paz. La argumentación de que su destitución pone en peligro La Paz en nombre de una ideología, busca poner en entredicho la Constitución, la Ley y las instituciones que la soportan. Quienes cuestionamos los diálogos de La Habana, lo hemos advertido. La Paz no puede ser la claudicación de la sociedad frente a quienes durante más de 50 años no han dejado de cometer graves violaciones al DIH. El reclamo de una Constituyente es para imponer su modelo de sociedad, la misma que Petro intentó imponer violando la ley.

El mensaje para la democracia es demoledor. Significaría admitir una categoría especial de ciudadanos: aquellos que están por encima de la Ley. Aceptar el discurso del Alcalde, es como permitir que él birle la legitimidad y mañana lo hagan los reinsertados de las Farc. Bastaría que también argumentaran que son de “izquierda”, “bolivarianos” o “castro-chavistas” y su desacuerdo con el modelo de desarrollo, la economía de mercado, la libre empresa o la propiedad privada, como ocurrió con el esquema de recolección de basuras capitalinas. 

Petro no ha sido el primero ni el último funcionario destituido e inhabilitado por el Ministerio Público. Los descabezados –más de mil de todas las corrientes políticas– deben su fracaso a su propia gestión. Fueron elegidos para administrar y lo hicieron mal y, lamentablemente, cada día son más los escándalos por corrupción. Se dirá que no es el caso Petro, pero su estrategia le costó al bolsillo de los bogotanos más de $60.000 millones, sin contar el desgreño en otros frentes, que no ha podido solventar.

Es preciso poner la situación contexto. Aunque la opinión ha dado paso a la sensatez, para reconocer la actuación en derecho del ente acusador, Petro sigue aprovechando la coyuntura para desafiar la Ley. Sin embargo, no faltan los que cuestionan los poderes de la Procuraduría cuando es evidente que, pese a algunos casos con sanciones desproporcionadas, la corrupción es de lejos el principal factor que impide al Estado cumplir sus fines sociales. 

*Presidente Ejecutivo de Fedegán

Fedegán: medio siglo de historia

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Celebramos con orgullo 50 años de vida gremial y podemos decir que hemos cumplido a cabalidad. La historia de Fedegán, que es la historia de 500 mil familias, en su mayoría pequeños y muy pequeños ganaderos que hoy derivan su sustento de la actividad, ha sido la de una lucha incansable por el bienestar de su gente y la esperanza puesta en el futuro del campo colombiano. Nuestra trayectoria remonta vicisitudes sociales, económicas, políticas y el abandono del Estado.

La labor de Fedegán supera la representación de los intereses de los productores. Ha sustentado su trabajo en una estrategia tripartita: el valor insoslayable de la base gremial en la construcción de democracia, el potencial del sector ganadero para garantizar la seguridad alimentaria y superar la pobreza y la capacidad transformadora de “lo rural” a partir de la tierra como activo productivo y bien intergeneracional, piezas del desarrollo sustentable. A eso le apostamos. Con recursos de la Federación y la Parafiscalidad –sin duda el más importante logro gremial en este medio siglo– se diseñó la modernización productiva y el soporte institucional para “hacer posible el futuro” de la ganadería, en mejores condiciones de competitividad.

A su manera, las 9 administraciones de Fedegán contribuyeron a materializar innumerables bienes y servicios, cuya presentación escapa a estas líneas. Pero es conocido el sistema de ciencia y tecnología que, desde distintos programas, permite reducir los costos de producción al ganadero, asegurar la formación de capital fijo y humano e incrementar la producción y productividad de los hatos. De esos empeños hacen parte la oferta virtual de agroinsumos, los bancos de genética, el plan alimentario animal y de mecanización, la implantación de sistemas silvopastoriles, la certificación como país libre de aftosa con vacunación y una infraestructura de frigoríficos, asistencia técnica y tecnológica y de capacitación, que ha rendido frutos en una mayor producción de derivados cárnicos y lácteos, con calidad de exportación.

Esas han sido las de cal. Las de arena en estas “bodas de oro” están atadas a la crudeza del “territorio” ganadero y la violencia asociada. Nos convertimos en víctimas de todos los actores armados y protagonistas de un genocidio sistemático y calculado. Más de 9.000 ganaderos asesinados y un sinnúmero de atentados.

Fedegán está listo para otra batalla de 50 años al lado de los ganaderos. Para eso fue instituida por los hombres visionarios que en 1963, sembraron la primera semilla de gremialidad ganadera.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

Legalizar “tranquilandias”

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Los cultivos ilícitos y el tráfico de narcóticos han sido las peores calamidades para Colombia. Coca, amapola y marihuana son el impúdico combustible de la pobreza y la cultura de violencia, codicia, corrupción e ilegalidad. Sus dineros malditos alimentaron las estructuras criminales farianas y su hermandad con elenos, paramilitares y Bacrim, para controlar un negocio de US$20 billones anuales. Sus “tranquilandias” –legado de Escobar para financiar masacres y bombazos– se levantaron sobre el desmote de la selva, el desplazamiento, la esclavitud de los “raspachines” y una aberrante contrarreforma agraria. Que las Farc nieguen esa realidad, no la hace menos cierta. Como tampoco su interés en despenalizar este crimen y subsanar las divisiones entre sus bloques que se resisten a abandonar el narcotráfico. Un palo en la rueda de las negociaciones de Cuba.

Pero claro, resulta infantil creer que por disposición de las Farc, el Gobierno Americano va  a flexibilizar su política anti-drogas. Premisa descartada el mismo día de la llegada de Santos a la cumbre con el Presidente Obama. Los elogios al proceso de paz, retórica del lenguaje diplomático, no pueden confundirse con la postura inalterable que han mantenido desde el ataque a las torres gemelas. Poco les interesa que en materia de paz en una nación como la nuestra, se haga una reforma agraria expropiatoria o se viole la Constitución y la Ley para dejar impunes a criminales de guerra, siempre y cuando el asunto de los narcóticos permanezca a raya. Es la verdad frente a los americanos.

La de las Farc, es la de la hipocresía. Difícilmente podrían estar interesados en defender la cultura del “mambeo” de nuestros indígenas o los usos medicinales de la hoja de coca. Sólo tenían que justificar sus propuestas, que van desde reconocer y estimular las siembras ilícitas y desmilitarizar las zonas de producción y tráfico de narcóticos; legalizar el consumo y hasta legislar unilateralmente, desconociendo las complejidades globales del flagelo de las drogas. Pero, claro es bien conocida la criminalización de sus frentes, poco dispuestos a desistir de una renta fácil que hoy manejan al dedillo. Un emporio que traslapa las Zonas de Reserva Campesina con plantaciones, cristalizaderos, compradores en el mercado interno –que no son otros que sus socios de las Bacrim– y rutas trasnacionales en alianzas con “Los Zetas” y el cartel de “Sinaloa”.

Pero lo más indignante del nuevo “viajado” de las Farc, es pretender que el fenómeno del narcotráfico se resuelve con una reforma agraria. A menos, claro, que ésta se aplique sobre las tierras usurpadas por los “causantes de los daños”. Es decir, sobre las robadas por las Farc, para retornar los derechos a sus auténticos dueños. La justicia social de la que hoy cínicamente hablan. Por supuesto, no es lo que se está acordando en Cuba. Al decir del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, más parece confirmarse una reforma confiscatoria sobre patrimonios legalmente adquiridos y trato de delincuentes a propietarios honestos, con figuras como la “extinción de dominio”. Una herramienta consagrada para castigar bienes adquiridos ilícitamente, con dineros del narcotráfico y el lavado de activos.

Así, mientras las Farc planean cómo diseminar el modelo productivo de sus “tranquilandias”, sobre las propiedades que se extingan a ciudadanos probos y, de paso, consolidar las que sembraron en las Zonas de Reservas Campesinas, el campo irá a pique. Como si no fuera suficiente con el desaliento actual, ahora los productores honestos debemos cargar con nuevos desestímulos a la producción y las inversiones lícitas. Ese es el presente y futuro que está diseñando este Gobierno con sus nuevos mejores amigos en La Habana, a espaldas de los verdaderos campesinos y los legítimos representantes del sector agropecuario.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

¿Quién gobierna en Colombia?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

No es posible que pasemos por alto el incidente de la orden presidencial de retirar el proyecto de baldíos por exigencia de las Farc. El enorme poder paralelo que opera desde La Habana es inaudito, intolerable. De buena fuente sabemos que bastó una amenaza de los narcoterroristas de levantarse de la mesa para que Sergio Jaramillo, negociador del Gobierno, diera el campanazo al Presidente Santos en pleno discurso reeleccionista. ¿Qué está pasando? ¿Acaso las Farc cogobiernan y dictan desde ahora las políticas rurales, con la anuencia del Gobierno? ¿Puede esta sociedad seguir indiferente a una realidad insoslayable, que busca perpetuar la opresión de las Farc sobre el campo colombiano?

Es hora de saber ¿quién nos gobierna? ¿Cuáles son los compromisos secretos adquiridos por el Presidente Santos en La Habana, que determinan su consentimiento a cuantas imposiciones plantean las Farc? ¿Si esto ocurre ahora, que el Gobierno poco le debe a las Farc, qué pasará en el hipotético caso de su reelección con el respaldo fariano –tras supuestos avances en las negociaciones– y el peligroso chantaje de la confidencialidad? Ni siquiera hubo contemplaciones para exponer al escrutinio público a los Ministros, Rubén Darío Lizarralde y Aurelio Iragorri, tras el sorpresivo trino del mandatario que dejó sin piso el proyecto de baldíos.

Como todo proyecto gubernamental, venía siendo concertado con Palacio y, en consecuencia, su contenido no le era desconocido. Existía la orden presidencial y la aprobación del Consejo de Ministros para radicarlo ante la Cámara de Representantes –mal haría el MinAgricultura en actuar de manera inconsulta, lo cual está descartado–. Más aún, según trascendió de boca del Ministro Lizarralde, en Junta Directiva de la SAC, la norma tenía “carácter reservado”, para evitar filtraciones que afectaran las decisiones que el Gobierno plantearía al Congreso en esta materia. Entonces ¿cómo explicar que a menos de 24 horas de dar la instrucción para presentarlo, el Presidente se retractara y luego se programara una reunión entre el Ministro Lizarralde y los negociadores del gobierno en Cuba?

Pero existen otras circunstancias que refuerzan el argumento de la interferencia de las Farc y descartan una "ligereza” de la cartera de Agricultura. El Gobierno no ignoraba el interés del país rural en un tema tan crítico como el de baldíos, vital para el desarrollo de la Altillanura. Una apuesta con inversiones por más de $10.000 millones de dólares, hoy en el completo limbo. Pero además, no podía obviar los cuestionamientos de la oposición y la presión de los empresarios, a propósito de la inestabilidad jurídica. Razones que lo obligaban a ser extremadamente cuidadoso en el diseño de la política. De hecho, la sensibilidad del tema había quedado demostrada con la renuncia del Embajador en Washington, Carlos Urrutia –muy cercano al Presidente– y del Ministro Francisco Estupiñán. Aunque faltó poco para que Lizarralde, también pagara el costo político de la gravísima rendición del Gobierno a las Farc.

 

Estos hechos –que no son los más inquietantes de las recientes contradicciones del Presidente– obligan a una aclaración. Tenemos derecho a saber quién está detrás del reacomodo del proyecto de baldíos o incluso del atentado contra el expresidente Uribe. Si esta administración rinde cuentas a los terroristas en La Habana y si existe una agenda de Gobierno, oculta e ilegítima concertada con los farianos, los colombianos debemos saberlo, con miras a las preferencias que elegiremos en mayo próximo. Lo más doloroso es que hayamos tenido que llegar a estas vicisitudes para que la opinión comprendiera, con evidencias, las razones por las cuales Fedegán no comulgaba ni comulga con la idea de negociar la suerte del país rural, con quienes hicieron inviable su desarrollo durante 50 años.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán

FEDEGAN RECHAZA DECLARACIONES DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ

La extinción de dominio es para delincuentes, no para quienes han adquirido legalmente sus tierras: Lafaurie

En carta al Jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie, rechazó las declaraciones del Alto Comisionado para la paz, Sergio Jaramillo,  según las cuales el Gobierno  estaría comprometido con las Farc con “…una reforma agraria profunda, que incluiría la extinción de dominio de tierras cercanas a zonas urbanas”.

En la comunicación, Lafaurie reitera que “Con verticalidad nos hemos manifestado en contra de la extinción de dominio, porque es una figura aplicable a los delincuentes que se han robado las tierras o las han adquirido con dineros ilícitos. Por ello, hoy no solo rechazamos las declaraciones del Alto Comisionado, sino que solicitamos de usted, como vocero oficial del equipo negociador, una aclaración sobre tales compromisos”.

El presidente de FEDEGAN se preguntó si el Alto Comisionado entiende la diferencia entre extinción de dominio y expropiación por vía administrativa, aclarando que con esta última “tampoco estamos de acuerdo cuando se trate de predios debidamente explotados, sobre todo cuando el Gobierno posee innumerables baldíos, hoy apetecidos por la gran agroindustria, y cuando el Gobierno y la Justicia han sido ineficientes en la extinción de dominio a delincuentes, y también en la administración de los bienes incautados, escandalosamente permeada por la corrupción”.

Refiriéndose a su carta a Humberto De la Calle, Lafaurie añadió que “Si todavía tenemos pendientes las famosas salvedades al primer punto, que incluyen el llamado latifundio, la producción empresarial y, precisamente, los mecanismos de adquisición para el Fondo de Tierras, no resulta consistente que el Alto Comisionado anuncie compromisos que incluyen la extinción de dominio para realizar una “reforma agraria profunda” que también suena a amenaza de expropiación”.

El dirigente ganadero le recordó a De la Calle que, en reunión con el pleno de la Junta Directiva de FEDEGAN, “nos reiteró que las negociaciones con las Farc no vulnerarían nunca los derechos de quienes han adquirido legamente sus tierras”. Por tal motivo, frente a la incertidumbre creada, Lafaurie concluyó su carta manifestando que tales declaraciones “…ameritan una rectificación del doctor Jaramillo y un pronunciamiento de su parte, como jefe de equipo negociador del Gobierno.

El discurso reeleccionista

Por: José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

Engañoso. Es la categoría acertada para definir el precario balance del “candidato- presidente”. Mal comienzo, porque en la “calle” están claras las decisiones de política pública que fueron aplazadas, erradas o quedaron inconclusas en este inacabado cuatrienio. Claro, una vez en el partidor por un nuevo mandato, todo vale. Desde encumbrar los escasos avances del proceso de paz y usar este anhelo para ganar réditos políticos, hasta obviar la crisis rural e industrial y los cotidianos problemas de inseguridad e inconformismo en todas las regiones. O, incluso, ignorar el peligroso vecindario latinoamericano, de regímenes extremistas y antidemocráticos. Todo, al parecer, a espaldas de un Presidente que gobierna con un centralismo asfixiante.

En materia de Política Exterior la cosa es peor. Nos convertimos en observadores de la reconfiguración geopolítica y la penetración militar de China, Rusia e Irán en Latinoamérica. Así, el “candidato-presidente” omitió decir que su administración ha permanecido imperturbable ante el recalentamiento belicista en la región, al amparo de una izquierda radical bien articulada en el continente. Preocupa su falta de contundencia para pedir explicaciones por el sobrevuelo ilegal de aviones de guerra rusos en la ruta Nicaragua-Venezuela o sobre las armas cubanas fletadas en un buque norcoreano con destino a la frontera ecuatoriana. Para no ahondar en la vergonzosa “diplomacia sumisa” con el régimen bolivariano, que oculta sus vínculos con narcoterroristas. Y, ahora, con el gobierno de Ortega, al punto de dejar en el limbo el lesivo fallo de la Corte de la Haya en el diferendo limítrofe.

Claro, no fueron las únicas omisiones. En el frente socio-económico el “candidato-presidente” eludió los malestares que propiciaron los paros en el sector rural, que de hecho no están conjurados. Así como sus promesas de campaña sobre esquemas de salud y educación que no llegaron. La “prosperidad para todos” fue un privilegio de algunos pudientes sectores urbanos orientados a la especulación. Hoy la producción industrial cae aparatosamente y el sector agropecuario respira incertidumbre, con más de 47% de sus habitantes en condición de pobreza. El desempleo, la mayor preocupación de los ciudadanos de a pie, se oculta en las cifras de formalización más que en la creación real de puestos. La falta de gestión frente a los TLC, el desestímulo a la inversión, el precario manejo de la ola invernal y la deficiente ejecución presupuestal, son otras perlas de la falta de gerencia y buen gobierno. 

Pero, como quien barre la basura bajo el tapete, el Gobierno prefirió elogiar el tema más rentable políticamente, que marcará la carrera por la Casa de Nariño: la paz. Aunque intentó vender la idea sobre los “avances” en los dos primeros puntos de la agenda, él sabe que la verdad es otra. No hay acuerdos, sólo documentos inacabados y ambiguos. Es más, lo que resta por negociar pone al Gobierno y a los narcoterroristas, frente a las obligaciones de los tratados internacionales y ante encrucijadas jurídicas y éticas, de las que dependerán los tiempos y la paciencia de los colombianos.

En el estrecho timing político hasta mayo de 2014, los colombianos no le perdonarán al “candidato-presidente”, ser rehén de La Habana para enfrentar las urnas. Una realidad que llevó al país a perder el rumbo de la seguridad y a fallas institucionales que hicieron inoperantes tantas y tan urgentes decisiones del gobierno. En el semestre que resta para las elecciones, tendrá que gobernar Señor Presidente, para los colombianos y no para los acuerdos con la guerrilla. Con una premisa: la “mermelada” no será suficiente acicate para aceitar la burocracia y las maquinarias electorales. Tendrá que cambiar la percepción de la opinión sobre su falta para honrar las promesas de campañas, cuya máxima demostración es la misma negociación con las Farc.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

Paliativos para un delito mayor

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Abruma el incremento exponencial del robo de ganado en el país. Pero lo más grave, es que a nadie parece importar las dinámicas que este delito está generando en región. Más allá de las estadísticas –que acusan un elevado sub-registro– cobran vida esquemas de macro-criminalidad, fuera de todo control. Son redes que involucran un número creciente de individuos, cuyos delitos inician en el abigeo y pasan por el transporte y sacrificio clandestino y el comercio ilegal de carne y ganado en pie. Un negocio redondo que mal contado asciende a $1 billón al año. Con un atenuante: la desarticulación de las bandas, contrasta con las decisiones de los jueces para liberar a los detenidos, en un círculo perverso que deja a los denunciantes expuestos a la extorsión, el secuestro o el asesinato.

El flagelo ha sido subestimado, despreciado por el Gobierno y las entidades oficiales, responsables de corregir el rumbo equivocado de las políticas públicas para hacerle frente. Los paños de agua tibia muy coyunturales, siempre recaen en la Policía Nacional, cuyos esfuerzos chocan con la lectura amañada del Código Penal. Una norma que pese haber sido modificada –por mediación de Fedegán– para endurecer las condenas y eliminar los beneficios de excarcelación o la suspensión de penas, no ha servido de mucho. Siento que las fallas institucionales son tan protuberantes, que han hecho inoperante el régimen punitivo y la acción policiva a lo largo de la cadena delictiva que, incluso, involucra a quienes ocultan o encubren a los malhechores.

El lastre de este flagelo golpea la rentabilidad de los productores con pérdidas millonarias e irrecuperables en la mayoría de los casos. En otras palabras, las menguadas ganancias de los ganaderos de Santander, Cesar, Sucre, Atlántico, Huila, Córdoba, Casanare o Caquetá –en donde el abigeo es cotidiano– se están quedando en los bolsillos del hampa organizada. Pero, de contera, sus efectos están generando un problema de salud pública, ante la ausencia de un sistema de vigilancia epidemiológico eficiente. No es un secreto que en muchos municipios se consume carne de animales robados y sacrificados en “potreros” o planchones, prácticas que no necesariamente ocurren en la manigua, sino a pocos minutos de cabeceras y carreteras principales del país.

Pregunto ¿A quién acudimos para que nuestras demandas legítimas sean escuchadas por los canales democráticos y legales? No es posible que un sistema como las Guías de movilización de ganado –que Fedegán operó hasta hace poco de manera sistematizada y en tiempo real– haya dado un salto al pasado bajo la responsabilidad del ICA. Ahora rige un trámite manual, que habilita irregularidades incluido el fraude, como Fedegán pudo comprobarlo. Más aún ¿Cuándo tendremos una política de control a la informalidad, definida en el Decreto 1500 cuya vigencia ha sido aplazada por este Gobierno? Son transacciones fraudulentas de cerca de $4 billones, de los cuales al menos ¼ está asociado al crimen organizado del abigeato que nadie controla. ¿Cuándo tendremos un esquema de trazabilidad para identificar el ganado o un sistema zoosanitario que ponga fin al sacrificio clandestino de bovinos y la compra-venta ilegal de animales?

La dramática magnitud del abigeo, sumado a la connivencia entre la delincuencia común y el crimen organizado, el reciente interés de las guerrillas como alternativa de financiación y los delitos asociados a este flagelo, claman respuestas. Es un asunto de seguridad pública y ciudadana y de salud, que requiere medidas urgentes más allá de corregir fallas en la prestación del servicio público de la protección a la vida, honra y bienes de los habitantes rurales. En su resolución deben converger Fiscalía, autoridades territoriales, la institucionalidad sanitaria y los Ministerios de Agricultura, Defensa y Salud, entre otros. No es un problema de ganaderos y claramente sobrepasó la responsabilidad policiva.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

¿Democracia y política sin armas?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El acuerdo político en La Habana pasó con más pena, que la gloria que le endosó el Gobierno. Salvo un par de expresiones inconclusas, que condensan los deseos más peligrosos de las Farc, lo demás cae en la obviedad. No necesitábamos negociar con narcoterroristas los males del régimen –siendo ellos los principales responsables materiales–. En cambio, fueron protuberantes los temas que evadieron. Desde cómo acreditar criminales de guerra para “hacer política”, hasta la forma de materializar el ejercicio de la política en zonas de conflicto, sin “la intimidación y la violencia” de las Farc. Más aún, cómo digerir sus inconsecuentes demandas de robustecer la democracia sabiendo que la han envilecido durante 50 años y de mantener el statu quo de terror donde son amos y señores. ¿Quién nos explica?

Ningún demócrata se negaría a abrir el régimen a una mayor participación política y ciudadana u optimizar las garantías de los derechos constitucionales que ello implica. Como tampoco a modernizar el Código Electoral que data de 1986 o abocar una reforma política –la cuarta desde 2003– para ajustar la dinámica interna de los partidos, los umbrales o la vinculación de actores o recursos ilegales en las campañas. Pero esas reformas o el cumplimiento de la Constitución –que incluso contempla el verdadero Estatuto de la Oposición– están detenidas, a la espera de las órdenes de Cuba. Curioso que se cierren los escenarios a quienes obran desde la legitimidad del Estado Democrático de Derecho, pero se abran para quienes usan las armas como instrumento político.

Las preguntas, entonces, no giran sobre esos instrumentos del deber ser de la democracia. De fondo, está la creación de las Circunscripciones Especiales de Paz en zonas de conflicto –léase áreas de dominio de las Farc–. Es decir, la consolidación de “Comunas” farianas al estilo bolivariano, sobre 9.5 millones de hectáreas y un número indeterminado de municipios de las Zonas de Reservas Campesinas, en donde un único partido político con brazo armado, legitimado como “oposición”, corrupto y untado de las actividades criminales del narcotráfico y las Bacrim, tomará las decisiones. ¿Entonces de qué apertura democrática hablan las Farc? Será la continuación de la combinación de todas las formas de lucha, del trastoque de la transparencia y la representación popular, de la anulación de las garantías para la libre expresión y del irrespeto por la vida. Principios que las Farc nunca han respetado y hoy cínicamente reclaman para sí.

Quizá la dinámica de profundización democrática de esas zonas se conocerá al final del proceso, como otros temas verdaderamente decisivos, que convenientemente han sido aplazados para evitar la debacle de las negociaciones. Ahí está la promesa de una “política sin armas”, cuando las Farc han dicho que la entrega de su arsenal está supeditada al cumplimiento del acuerdo. Pero también, el paso automático de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad al Congreso, cuando pesan condenas que inhabilitan sus derechos políticos y la fórmula del indulto, si reconocer la verdad o reparar a las víctimas y subvirtiendo los preceptos del bloque constitucional.

Pero estos asuntos que deberían hacer parte del debate nacional, permanecen ocultos. Pese al crítico panorama de lo que podrían significar los anuncios del acuerdo político con las Farc –tan inconcluso, general y ambiguo, como el de desarrollo rural– tengo la esperanza que la propia democracia hará lo suyo cuando sea consultada la verdadera voluntad popular, en un eventual pacto en La Habana. Sabe este Gobierno y las Farc la repulsa que genera entre los colombianos la idea del perdón total y la incursión de criminales a la esfera política. Por el momento, sólo es más de lo mismo. O otro indicio de que el circo de La Habana continúa.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

Los inventos de La Habana

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Será vano el esfuerzo para concretar el acuerdo en participación política, como lo fue en materia de desarrollo rural. Pero claro, embebido como está el Gobierno por mostrar resultados en La Habana, pronto saldrá otro texto plagado de salvedades y el Presidente Santos soltarán otra andanada para justificar el paso automático de las armas al Congreso. Ya lo hizo para explicar la entrega del campo a las Farc, como único punto del modelo económico. Y es que duelen sus desafortunados argumentos, que convierte a la tierra y al campo en principio y fin de la guerra y en moneda a cambio de la supuesta “desaparición del conflicto” y “una productividad más alta”. ¿Habrá entonces que dar las gracias a los farianos por pasar de narco-terroristas a redentores y de victimarios a próceres con curules?

¿Desconoce el jefe de Estado el contexto del abandono estatal, responsable de la violencia y la pobreza rural? No creo. Más bien, subestima a los colombianos que no tragamos los sapos que saltan desde Cuba. Basta revisar el prontuario de las Farc, el ridículo avance de la Ley restitución de tierras o el primer informe de La Habana, para advertir los engaños. El único que cree que la salida a la esfera política de los farianos pasa por la lavandería de la impunidad, es el Gobierno. Así como fantasea con la política anti-despojo o el acuerdo de desarrollo agrario.

La ligereza del Presidente patina en conjeturas perversas. Por un lado, legitimar los métodos terroristas, bajo la demagogia de “la tierra” o el “fin del conflicto”. De contera, declinar su obligación de usar las armas del Estado de Derecho y la Ley contra la guerrilla, porque según él, sólo cediendo a sus exigencias se puede restituir el orden y el desarrollo. Y para cerrar, creer que la guerra está sobre diagnosticada y, por ende, abrir la democracia a los narco-terroristas sin fórmulas de justicia o arrebatar la tierra a unos para entregarla a otros, traerá paz y productividad.

Ahí están las amenazas del Canciller de las Farc, el día del anuncio del acuerdo agrario: “si dependiera de nosotros, confiscaríamos la tierra de los latifundistas ya. Pero el Gobierno no puede hacernos la revolución por decreto (…) que el campesinado sepa que puede acorralar a este sector retardatario”. Incluso el inacabado acuerdo agrario es más venenoso que su retórica. No oculta las pretensiones de su Ley 001 de reforma agraria revolucionaria, aunque pretendan hacernos creer que la han suavizado. Por supuesto, faltan las “salvedades”, como llaman a las desavenencias con el Gobierno. Aunque las filtraron en las peticiones de la Mesa Nacional Agropecuaria del paro agrario.

Sabemos, entonces, que un hipotético pacto en La Habana no será sinónimo de paz ni productividad, como también del fracaso del Gobierno en muchos de sus políticas, en especial las de seguridad y desarrollo rural. Bien articuladas y sin la intervención de las Farc, nos habrían llevado a la “prosperidad democrática”. Pero contrario a ello, el programa insigne de restitución de tierras, por ejemplo, apenas ha devuelto 20.000 hectáreas de un total 2.9 millones, la incidencia de la pobreza rural persiste en un 46% y el panorama de criminalidad es insostenible. Nada mejoró en estos años.

Así mientras la ruralidad se desgrana entre el terror, la miseria y la frustración, el Gobierno desvía la atención reivindicando a los terroristas, aupando su retórica sobre la tierra –que el censo agropecuario podría desmentir– y unas negociaciones que nacieron sin el aval de los colombianos. Sí, hacer demagogia con la paz y la tierra, puede ser políticamente rentable. Pero es más ético sincerar el debate electoral y llamar las cosas por su nombre. Las Farc no quieren paz ni comprensión a su causa, quieren poder y el Presidente la reelección. No es más.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán

La coherencia de las FARC

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Desde Oslo la suerte del proceso de paz estaba echada. Así como no hubo sorpresas en el discurso de Márquez, tampoco las ha habido en La Habana. Las Farc han refrendado la coherencia de una estrategia concebida en 50 años de lucha armada. De ahí su repudio por el Estado de Derecho, la Constitución o el modelo económico, pasando por el desprecio a la justicia, la negación de la barbarie, la búsqueda de impunidad y tiempos relajados para reconstruir la imagen de “actor político” que les obsequiaron en bandeja de plata. Entre tanto, el Gobierno está en la otra orilla: la incoherencia. Creyó erróneamente que los astros estaban alineados y de tanto pensar con el deseo, quedó atrapado en hondas ambigüedades éticas y políticas. Una burla que cobra un año sin tangibles. Demos un vistazo:

Los tiempos: “La pretendida paz exprés sólo conduciría a la frustración”: 10/18/12. “No hay ningún compromiso bilateral, ni en el acuerdo general, ni entre las delegaciones, que ponga un plazo fijo": 10/13/13.

El estatus político: “Somos una fuerza beligerante”. “Volvemos a una mesa reconocidos como adversarios militares y políticos. Acompañados y avalados por la comunidad internacional”: 9/4/12.

Víctimas, no victimarios: “No hemos hecho sufrir a nadie. Somos víctimas de esta guerra”. “Antes que victimarios somos víctimas”: 9/22/12.

Sin rendición: “Desmovilizarse es entrega cobarde, rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario”: 10/18/12. “Las armas no se entregarán, desaparecerán, así como aparecieron para enfrentar el asedio de terratenientes, militares y paramilitares” 5/13/13. “Las armas se silencian cuando la voluntad de dispararlas cese. Eso ocurrirá cuando se cumpla lo que estamos llevando a la negociación”: 6/16/13.

Por la Asamblea Constituyente: “Estamos en armas porque no acatamos la Constitución vigente”. “La Asamblea Nacional Constituyente es la única instancia que puede garantizar legitimidad y seguridad jurídica al proceso de paz”: 1/23/13.

Contra el Estado de Derecho: "La paz no significa el silencio de los fusiles. Abarca la transformación de la estructura del Estado y las formas políticas y militares": 10/18/12. “Colombia requiere hondas trasformaciones, sus instituciones están podridas. El Estado ha devenido en garante del enriquecimiento del sector pudiente y en máquina para someter violentamente la inconformidad. Eso debe cambiar”: 10/3/13.

Inimputables: “Los tribunales en Colombia no tienen la legitimidad, el decoro, la competencia porque este Estado es un Estado criminal”. “Aquí el imputable es el Estado, aquí hay terrorismo de Estado”: 4/30/13. "No hemos combatido toda una vida para terminar engrilletados en las cárceles de los victimarios”: 3/31/13. “¿Quiénes y con qué propósito amarraron a Colombia en medio de un conflicto al Estatuto de Roma para obstruirle el camino hacia la paz?: 3/31/13. “(Las Farc) no van a pagar ni un día de cárcel”: 6/16/13.

Víctimas invisibles: "Quien debe confesar la verdad y reparar a las víctimas son los victimarios atrincherados en la espuria institucionalidad": 10/18/12. “(El marco jurídico para la paz) es un absurdo que pretender colocar en condición de victimario unilateral al movimiento guerrillero, a sabiendas que las víctimas lo son del conflicto” 9/19/13.

Negación del narcotráfico: "No tenemos nada que ver con el narcotráfico": 9/6/12. “Ni los cargamentos son nuestros, ni somos narcotraficantes”: 4/1/13.

Ocultando el despojo. "Los predios que se dice arrebatamos (a los campesinos)… (son una) campaña dirigida a escamotear la necesaria reforma agraria”: 2/2313.

Ante esto ¿qué puede hacer el Gobierno? En Cuba no hay dos negociando. Sólo oímos el descarado monólogo fariano, que tiene al Gobierno en un auténtico callejón sin salida que lo llevó a aprobar, sin oficio aparente, un referendo constitucional. No nos llamemos a engaños. Seis meses en el punto agrario y cuatro para el de participación política sin resultados, son suficientes para clausurar el diálogo irracional de sordos.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

Gobernando con agendas trastocadas

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Los diálogos de La Habana son una perversa dictadura contra la gobernabilidad. De eso dan cuenta los bandazos en el intento por corregir la crisis del sector agropecuario. Aunque el MinAgricultura conoce la problemática y las soluciones, carga con la camisa de fuerza que impuso la Mesa Nacional Agropecuaria –MIA– para levantar el reciente paro nacional. Sus peticiones, que parecen una copia de las irrealizables pretensiones agrarias de las Farc, paralizan cualquier decisión sensata de política pública y absorben el itinerario del Ministro Darío Lizarralde. Lo grave es el traslape y confusión de agendas: la de Cuba y la interna para la competitividad agropecuaria, que enredan al Gobierno. Un antecedente que puede reavivar el inconformismo campesino.

La bancarrota de lecheros, paperos, cafeteros o cerealistas está asociada al deterioro de sus sistemas productivos, la baja rentabilidad de las actividades y la dramática caída del ingreso familiar. Pregunto, entonces, si la inminente ruina de miles de hogares rurales, se refleja en el memorial de agravios de la MIA que quiere, entre otras, modificar la política antidrogas, redistribuir la tierra, crear Zonas de Reserva Campesina, cambiar la propiedad del subsuelo y establecer la consulta previa para los campesinos. Esas son las exigencias del pliego de la MIA y, por supuesto, del acuerdo del primer punto de La Habana.

Creo que coincidimos en que la respuesta es no. Son iniciativas que podrían tomar 2 décadas e ingentes recursos públicos. Mientras que las legítimas demandas de la protesta social, requieren soluciones inmediatas para enfrentar la competencia del agro-negocio mundial. Ello pasa por controlar la agresiva política de importaciones que avivó la firma de los TLC y frenar el alza en los insumos agrícolas. Así mismo, activar la agenda zoosanitaria y la lucha contra el contrabando, decisiones en materia de vías terciarias y financiación para modernizar los sistemas productivos.

No es juego. La crisis del sector está a punto de hacer implosión. Se necesita gobernar con base en realidades y la inminencia de los problemas socio-económicos que hoy enfrentan los productores. Claramente, al nuevo Ministro de Agricultura no lo han dejado coger ese toro por los cuernos. Las demandas de la MIA y los esfuerzos para apagar incendios, lo tienen al límite. Necesita espacio para avanzar en la agenda rural para la internacionalización de la economía. Política suspendida por otros apremios gubernamentales como la restitución de tierras y el Proyecto de Desarrollo Rural, al punto de dejar sin piso un instrumento vital de planeación: el censo agropecuario.

Es un elemento estructural detrás de la crisis sectorial. La ausencia por más de 4 décadas de estadísticas verídicas y robustas, ha sido nefasta. El Gobierno tenía la obligación de realizar el censo en el segundo semestre de este año, pero no lo hizo. Ahora, su afán para ejecutarlo a principios de 2014, contrasta con las trabas presupuestales en momentos en que era técnicamente recomendable. Razón tiene Bustamante, la cabeza que rodó por advertir los riegos de hacer el censo en una coyuntura electoral y bajo condicionamientos de las Farc.

No nos llamemos a engaños. Son realidades que pueden contaminar los recursos para el padrón rural y la calidad de las cifras. Y es que quizá las Farc sean las primeras interesadas en torcerle el rumbo al censo. Tengo la corazonada de que las estadísticas reales, no van a ser favorables a su engañoso discurso sobre la tierra. En consecuencia, así como el Gobierno no debe mezclar censo con elecciones, tampoco puede gobernar trasponiendo la agenda de La Habana a las legítimas motivaciones de la protesta social, ni desatender los derroteros para llevar al sector agropecuario a un estadio superior de desarrollo humano. Por fortuna, eso lo entiende el Ministro Lizarralde.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán

El tiempo perdido de La Habana

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Resulta improcedente suspender temporalmente el proceso de paz. La única opción es terminarlo. Es una negociación sin respaldo político ad portas de elecciones para un nuevo mandato. Además, al cabo de un año no hay avances y el delicado asunto del narcotráfico nunca arrancó. En este punto, el maridaje de las Farc con los carteles –nacionales o mexicanos– hará parte de otro fracaso anunciado. Cuesta “imaginar un acuerdo con las Farc para erradicar la coca”, como sugirió el Presidente Santos. El Gobierno cayó en la trampa de la legalización, con la falsa premisa de que las guerrillas entregarán rutas, laboratorios, “mulas” y canales del microtráfico. La “traba ideológica” de las Farc va por otro lado: ocultar su pasado mafioso, volver conexo el narcotráfico al delito político y convertir a Cuba en lavadero de dineros ilícitos. 

Pero las decisiones sobre este tema y los demás que terminaron en punta, serán del resorte del Presidente que se posesionará en agosto de 2014, tanto como la suerte de las negociaciones de paz. El nuevo Gobierno no olvidará que esta sociedad ha pagado un altísimo costo humanitario y económico, que hace inviable moral y políticamente un acuerdo con los victimarios, levantar la prohibición para el narcotráfico o tender un manto de olvido sobre las víctimas. Por décadas sólo hemos escrito obituarios de magnicidios en la frustrante lucha contra el narcoterrorismo, cargamos con el estigma de ser el mayor productor y exportador de coca y sus derivados y afrontamos un problema de salud pública por el aumento del consumo entre nuestros jóvenes.

El traslape del mapa del narcotráfico y la presencia de una de las guerrillas más antiguas del mundo, no es casual. El increíble poder de las mafias para reinventarse y mantener la captura de una renta fácil, no conoce límites. Eso lo saben las Farc. Aunque recibieron el estatus de “negociadores” no son más que un cartel de drogas, el primero en Colombia y el tercero en el mundo. Según Naciones Unidas los ingresos superan los US$370 millones anuales en el eslabón primario, pero la mercancía alcanza otros US$10.000 millones puesta en el exterior. Entre tanto el Gobierno alardea con la reducción del área sembrada, aunque lo cierto es que unas 135.000 has tuvieron ilícitos en algún momento de 2012.

Nariño, Putumayo, Chocó, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Meta, Guaviare o Vichada, son emblemáticos de la acción criminal y los enclaves de ilícitos. Allí se crearon nuevas variedades de alta productividad, que explican la reducción del área en el país más que la aspersión o la erradicación, que incluso disminuyeron 3% y 11% frente a 2011. De hecho, la suspensión de la erradicación fue una de las pocas demandas del Paro Agrario atendida por el Gobierno, con fuerte relación con Zonas de Reservas Campesinas. En Norte de Santander, por ejemplo, el área aumentó 825% entre 2006 y 2012, no se asperja desde 2011 y la erradicación manual ha sido mínima. El 90% de las hectáreas está en Catatumbo, donde incluso se duplicaron en el último año.

Juega el Gobierno con candela. Los problemas en La Habana no sólo pasan por la refrendación de los acuerdos, la suspensión de penas, la fórmula de usurpación de la propiedad privada rural o la participación de los farianos en política. Otro capítulo, inédito en Cuba: el narcotráfico, plantea la imposibilidad de llegar a buen puerto. Eso lo sabe el General Naranjo a quien el Gobierno puso a saltar a dos bandas, después de su brillante carrera contra las mafias. Un cálculo bien alejado de la urgencia de domesticar la bestia del narcoterrorismo, a cambio de votos.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.